Defensa de lo público

Cuando se escriben estas líneas, la situación financiera de España está al borde del abismo. Las medidas adoptadas por el Gobierno no han tenido efecto en los mercados y, si llega el rescate, todo indica que habrá que recortar más. Las líneas siguientes son una defensa de lo público frente a las agresiones que ya sufre y las que se le avecinan.

1. Defensa de los empleados públicos. A los funcionarios no solo se les ha recortado el sueldo, sino que se los ha estigmatizado. Igual que se ha hecho con los extranjeros en situación irregular al marcarlos como fuente de gasto excesivo en el sistema público de salud (y, para que la cosa quede bien nazi, prácticamente condenarlos a muerte, como recordaba el doctor Federico Pulido), los empleados públicos han sido señalados como una especie de casta de privilegiados que casi se merecen lo que les está pasando; empleo fijo —ya veremos— y unas condiciones laborales mejores que la media les han hecho ser envidiados y ya sabemos cómo es aquí la envidia: en vez de desear para nosotros sus ventajas, mejor se las quitamos y que no las tenga nadie. Es alucinante —ya lo hemos comentado en esta bitácora— ver cómo son precisamente los políticos al llegar al poder los que más hacen por desprestigiarlos y no lo es menos la facilidad con que se ignora lo duro que en muchos casos ha sido para ellos acceder a la función pública (tengo bien cerca ejemplos de funcionarios de alto nivel, que han llegado a su puesto a base de esfuerzo y talento, sin chanchullos ni enchufes de por medio, que ven con espanto cómo llegan a sacarlos literalmente del despacho políticos recién designados para colocar a su cohorte de asesores, estos sí, por puro enchufe). Los no funcionarios no debemos caer en la trampa de desear el mal a los empleados públicos, sino que deberíamos tratar de conseguir para nosotros lo que de sus condiciones laborales pudiéramos envidiarles. Vamos a no darles más alegrías a los enemigos de los derechos de los trabajadores.

2. Defensa del Estado de las autonomías. Otro viejo rival que está haciendo bien su trabajo de intoxicación es el nacionalismo. Hasta en las barras de los bares, los mismos que criticaban a Del Bosque tras los primeros partidos de la Eurocopa claman ahora contra la organización territorial del Estado (y con la misma solvencia intelectual). El mensaje ha calado: las autonomías son malas. Los nacionalistas españoles y los periféricos están encantados; unos, porque nunca creyeron en un sistema territorial descentralizado y los otros, porque siempre han creído que los únicos territorios con derecho al autogobierno eran los suyos, los del hecho diferencial. El mismo Estado autonómico de 2007, con el que nuestro PIB crecía feliz y nuestra tasa de desempleo era la más baja de la historia, ese mismo Estado autonómico, ahora es la causa de todos los males de la patria. Desde Montesquieu sabemos que conviene dividir el poder para evitar abusos; el Estado autonómico —como otras formas similares en otros países donde su carácter federal no parece ser un problema financiero— cumple esa función de fragmentar el poder y de acercarlo a la ciudadanía haciéndolo más democrático. Regionalizar el poder permite, además, aplicar el principio de subsidiariedad, es decir, que los asuntos sean resueltos por las autoridades más cercanas al objeto del problema. Con instancias de poder más próximas es más fácil que el ciudadano pueda acceder a ellas, la democracia se hace más participativa y las instituciones resultan más cercanas incluso para ser controladas. Por supuesto que el Título VIII de la Constitución necesita una profunda revisión más de treinta años después, pero defender sin más la liquidación de un sistema descentralizado como el que tenemos es, de nuevo, trabajar para el enemigo, para el que está incómodo con la participación ciudadana en las instituciones, para el que prefiere un poder monolítico y único al que sea más fácil condicionar, manipular y corromper.

3. Defensa de la política. Episodios como el de la diputada Fabra hacen muy difícil que las próximas líneas resulten convincentes. Pero hay que defender la política. Quizá de los primeros que haya que defenderla es de muchos de los políticos actuales, pero tenemos que dejar este juego absurdo de señalar la política como un mal absoluto. Ni todos los políticos son iguales, ni todas las ideologías son iguales (ni mucho menos han desaparecido). Si ingenuamente nos adherimos a esa descalificación global de la política, estaremos contribuyendo al éxito de una de las consecuencias más nocivas de la globalización: la derrota de la democracia representativa por los grandes centros de decisión financieros (lo cuenta muy bien Felipe González en la entrevista que le hace esa periodista imprescindible que es Sol Gallego-Díaz). En las últimas décadas, la autonomía de los gobiernos elegidos democráticamente es cada vez menor frente a instancias internacionales cuyos dirigentes no han sido designados por nada que se parezca a algo relacionado con la soberanía popular. Si aceptamos que la política es mala y punto, le estamos extendiendo la alfombra roja a gobiernos técnicos que aplicarán las medidas que les impongan esas instancias internacionales sin pasar por las urnas o, aún peor, haciendo lo contrario de lo que digan las urnas. Combatir a los políticos impresentables, negarles que nos representen, exigirles responsabilidades sin contentarnos con que nos pidan perdón no tiene nada que ver con deslegitimar la política: es todo lo contrario, es defender la democracia.

4. Defensa de la intervención del Estado. Jaime Alejandre lo explicaba con gran claridad en su blog hace un par de meses. El capitalismo es capaz de convertir los alimentos básicos en activos financieros, acapararlos para provocar que su precio suba, causar las consiguentes hambrunas y, de paso, culpar a los ecologistas por su obsesión con los biocombustibles. Admitamos que el sistema no sea en sí mismo criminal, sino que hay mucho criminal lucrándose con lo que el sistema le permite. Desde finales del siglo pasado, con el triunfo del neoliberalismo más duro (encarnado en Thatcher y Reagan), el control del Estado sobre la actividad económica ha ido disminuyendo, hay rankings que vinculan el progreso a la libertad económica (y que llaman libertad económica a que haya cuantos menos impuestos, mejor) y el capitalismo se ha ido deshaciendo de cualquier lastre moral. Todo vale, nadie exige cuentas, nadie supervisa. Desde la doctrina social de la Iglesia (a algunos ultraliberales de misa dominical me gustaría verlos ante la Populorum progressio de Pablo VI) hasta la Constitución de 1978, parece claro que a esto del lucro por el lucro hay que ponerle límites; incluso figuras del liberalismo como Stuart Mill («la idea de una sociedad en la que los únicos vínculos son las relaciones y los sentimientos que surgen del interés pecuniario es esencialmente repulsiva») y el propio Adam Smith sienten repugnancia ante la admiración acrítica de la riqueza. En las sociedades democráticas, ese papel para limitar y redistribuir (con su vertiente sancionadora también, por supuesto) le corresponde al Estado. Y hay que defenderlo.

No podemos consentir que las demoledoras urgencias que nos afligen sean excusa para que quienes desde hace siglos han combatido los derechos laborales, han obstaculizado el progreso hacia democracias más reales y participativas, han tratado de secuestrar al poder legítimo y han ido apartando al Estado de la regulación de la actividad económica se salgan con la suya. Fue en sus despachos donde empezó esta crisis económica, financiera y moral que nos aterroriza.