Defensa de lo público

Cuando se escriben estas líneas, la situación financiera de España está al borde del abismo. Las medidas adoptadas por el Gobierno no han tenido efecto en los mercados y, si llega el rescate, todo indica que habrá que recortar más. Las líneas siguientes son una defensa de lo público frente a las agresiones que ya sufre y las que se le avecinan.

1. Defensa de los empleados públicos. A los funcionarios no solo se les ha recortado el sueldo, sino que se los ha estigmatizado. Igual que se ha hecho con los extranjeros en situación irregular al marcarlos como fuente de gasto excesivo en el sistema público de salud (y, para que la cosa quede bien nazi, prácticamente condenarlos a muerte, como recordaba el doctor Federico Pulido), los empleados públicos han sido señalados como una especie de casta de privilegiados que casi se merecen lo que les está pasando; empleo fijo —ya veremos— y unas condiciones laborales mejores que la media les han hecho ser envidiados y ya sabemos cómo es aquí la envidia: en vez de desear para nosotros sus ventajas, mejor se las quitamos y que no las tenga nadie. Es alucinante —ya lo hemos comentado en esta bitácora— ver cómo son precisamente los políticos al llegar al poder los que más hacen por desprestigiarlos y no lo es menos la facilidad con que se ignora lo duro que en muchos casos ha sido para ellos acceder a la función pública (tengo bien cerca ejemplos de funcionarios de alto nivel, que han llegado a su puesto a base de esfuerzo y talento, sin chanchullos ni enchufes de por medio, que ven con espanto cómo llegan a sacarlos literalmente del despacho políticos recién designados para colocar a su cohorte de asesores, estos sí, por puro enchufe). Los no funcionarios no debemos caer en la trampa de desear el mal a los empleados públicos, sino que deberíamos tratar de conseguir para nosotros lo que de sus condiciones laborales pudiéramos envidiarles. Vamos a no darles más alegrías a los enemigos de los derechos de los trabajadores.

2. Defensa del Estado de las autonomías. Otro viejo rival que está haciendo bien su trabajo de intoxicación es el nacionalismo. Hasta en las barras de los bares, los mismos que criticaban a Del Bosque tras los primeros partidos de la Eurocopa claman ahora contra la organización territorial del Estado (y con la misma solvencia intelectual). El mensaje ha calado: las autonomías son malas. Los nacionalistas españoles y los periféricos están encantados; unos, porque nunca creyeron en un sistema territorial descentralizado y los otros, porque siempre han creído que los únicos territorios con derecho al autogobierno eran los suyos, los del hecho diferencial. El mismo Estado autonómico de 2007, con el que nuestro PIB crecía feliz y nuestra tasa de desempleo era la más baja de la historia, ese mismo Estado autonómico, ahora es la causa de todos los males de la patria. Desde Montesquieu sabemos que conviene dividir el poder para evitar abusos; el Estado autonómico —como otras formas similares en otros países donde su carácter federal no parece ser un problema financiero— cumple esa función de fragmentar el poder y de acercarlo a la ciudadanía haciéndolo más democrático. Regionalizar el poder permite, además, aplicar el principio de subsidiariedad, es decir, que los asuntos sean resueltos por las autoridades más cercanas al objeto del problema. Con instancias de poder más próximas es más fácil que el ciudadano pueda acceder a ellas, la democracia se hace más participativa y las instituciones resultan más cercanas incluso para ser controladas. Por supuesto que el Título VIII de la Constitución necesita una profunda revisión más de treinta años después, pero defender sin más la liquidación de un sistema descentralizado como el que tenemos es, de nuevo, trabajar para el enemigo, para el que está incómodo con la participación ciudadana en las instituciones, para el que prefiere un poder monolítico y único al que sea más fácil condicionar, manipular y corromper.

3. Defensa de la política. Episodios como el de la diputada Fabra hacen muy difícil que las próximas líneas resulten convincentes. Pero hay que defender la política. Quizá de los primeros que haya que defenderla es de muchos de los políticos actuales, pero tenemos que dejar este juego absurdo de señalar la política como un mal absoluto. Ni todos los políticos son iguales, ni todas las ideologías son iguales (ni mucho menos han desaparecido). Si ingenuamente nos adherimos a esa descalificación global de la política, estaremos contribuyendo al éxito de una de las consecuencias más nocivas de la globalización: la derrota de la democracia representativa por los grandes centros de decisión financieros (lo cuenta muy bien Felipe González en la entrevista que le hace esa periodista imprescindible que es Sol Gallego-Díaz). En las últimas décadas, la autonomía de los gobiernos elegidos democráticamente es cada vez menor frente a instancias internacionales cuyos dirigentes no han sido designados por nada que se parezca a algo relacionado con la soberanía popular. Si aceptamos que la política es mala y punto, le estamos extendiendo la alfombra roja a gobiernos técnicos que aplicarán las medidas que les impongan esas instancias internacionales sin pasar por las urnas o, aún peor, haciendo lo contrario de lo que digan las urnas. Combatir a los políticos impresentables, negarles que nos representen, exigirles responsabilidades sin contentarnos con que nos pidan perdón no tiene nada que ver con deslegitimar la política: es todo lo contrario, es defender la democracia.

4. Defensa de la intervención del Estado. Jaime Alejandre lo explicaba con gran claridad en su blog hace un par de meses. El capitalismo es capaz de convertir los alimentos básicos en activos financieros, acapararlos para provocar que su precio suba, causar las consiguentes hambrunas y, de paso, culpar a los ecologistas por su obsesión con los biocombustibles. Admitamos que el sistema no sea en sí mismo criminal, sino que hay mucho criminal lucrándose con lo que el sistema le permite. Desde finales del siglo pasado, con el triunfo del neoliberalismo más duro (encarnado en Thatcher y Reagan), el control del Estado sobre la actividad económica ha ido disminuyendo, hay rankings que vinculan el progreso a la libertad económica (y que llaman libertad económica a que haya cuantos menos impuestos, mejor) y el capitalismo se ha ido deshaciendo de cualquier lastre moral. Todo vale, nadie exige cuentas, nadie supervisa. Desde la doctrina social de la Iglesia (a algunos ultraliberales de misa dominical me gustaría verlos ante la Populorum progressio de Pablo VI) hasta la Constitución de 1978, parece claro que a esto del lucro por el lucro hay que ponerle límites; incluso figuras del liberalismo como Stuart Mill («la idea de una sociedad en la que los únicos vínculos son las relaciones y los sentimientos que surgen del interés pecuniario es esencialmente repulsiva») y el propio Adam Smith sienten repugnancia ante la admiración acrítica de la riqueza. En las sociedades democráticas, ese papel para limitar y redistribuir (con su vertiente sancionadora también, por supuesto) le corresponde al Estado. Y hay que defenderlo.

No podemos consentir que las demoledoras urgencias que nos afligen sean excusa para que quienes desde hace siglos han combatido los derechos laborales, han obstaculizado el progreso hacia democracias más reales y participativas, han tratado de secuestrar al poder legítimo y han ido apartando al Estado de la regulación de la actividad económica se salgan con la suya. Fue en sus despachos donde empezó esta crisis económica, financiera y moral que nos aterroriza.

Funcionarios

Me llega por correo electrónico (gracias, Montse) un artículo de Ernesto Sierra Moralejo, funcionario del grupo A. No le conozco, es la primera vez que leo su nombre, ni siquiera sé si verdaderamente esto es suyo, pero difícilmente se puede hallar un texto que explique mejor y más precisamente lo que muchos pensamos en este momento. Conste, no soy funcionario, pero le doy la razón en lo que dice y tengo a mi lado a alguien esencial en mi vida que seguro que podría verse retratada. Las líneas siguientes no son, por tanto, del titular del blog, sino de don Ernesto Sierra, cuyas palabras secuestro para reiniciar esta Visión parcial que llevaba un mes parada.

Resulta que en la década prodigiosa del pelotazo, cuando media España se lo llevaba caliente a casa, cuando un encofrador sin estudios se embolsaba tres mil euros, cuando hasta el último garrulo montaba una constructora y en connivencia con un par de concejales se forraba sin cuento, cuando un gañán que no sabía levantar tres ladrillos a derechas se paseaba en Audi, los funcionarios aguantaban y penaban. Nadie se acordaba de ellos. Eran los parias, los que hacían números para cuadrar su hipoteca, hacer la compra en el Carrefour y llegar a fin de mes, porque un nutrido grupo de compatriotas se estaba haciendo de oro inflando el globo de la economía hasta llegar a lo que ahora hemos llegado.

Y ahora que el asunto explota y se viene abajo, la culpa del desmadre… es de los funcionarios. Los alcaldes, diputados y senadores que gobiernan la cosa pública a cambio de una buena morterada no son responsables de nada y nos apuntan directamente a nosotros: somos demasiados, hay que ultracongelarnos, somos poco productivos. Los responsables bancarios que prestaron dinero a quienes sabían que no podrían devolverlo tampoco se dan por aludidos. Todos los intermediarios inmobiliarios, especuladores, amigos de alcalde y compañeros de partida de casino de diputado provincial no tenían noticia del asunto. Nosotros sí. Como diría José Mota: ¿Ellos? No. ¿Nosotros? Sí. ¿Siendo así que ellos? No. Por tanto, ¿nosotros? Sí.

La culpa, según estos preclaros adalides de la estupidez, es del juez, abogado del Estado, inspector de hacienda, administrador civil del Estado que, en lugar de dedicarse a la especulación inmobiliaria a tocateja, ha estado cinco o seis años recluido en su habitación, pálido como un vampiro, con menos vida social que una rata de laboratorio y tanto sexo como un chotacabras, para preparar unas oposiciones monstruosas y de resultado siempre incierto, precedidas, como no podía ser de otra forma, de otros cinco arduos años de carrera; del profesor que ha sorteado destinos en pueblos que no aparecen en el mapa para meter en vereda a benjamines que hacen lo que les sale de los genitales porque sus progenitores han abdicado de sus responsabilidades; del auxiliar administrativo del Estado natural de Écija y destinado en Barcelona que con un sueldo de 1000 euros paga un alquiler mensual de 700 y soporta estoicamente que un taxista que gana 3000 le diga: joder, qué suerte, funcionario.

La culpa es nuestra. A poco que nos descuidemos, nosotros los funcionarios seremos el chivo expiatorio de toda una caterva de inútiles, vividores, mangantes, políticos semianalfabetos, altos cargos de nombramiento digital, truhanes, pícaros, periodistas ganapanes y economistas de a verlas venir que sabían perfectamente que el asunto tarde o temprano tenía que petar, pero que aprovecharon a fondo el momento al grito de mientras dure dura, y que ahora, con esa autoridad que da tener un rostro a prueba de bomba, se pasan al otro lado del río y no solo tienen recetas para arreglar lo que ellos mismos ayudaron a estropear, sino que, además, han llegado a la conclusión de que los culpables son… los funcionarios.

Soy funcionario. Y titulado superior. Funcionario de carrera por oposición ganada compitiendo en buena lid contra miles de candidatos. ¿Y saben qué? No me avergüenzo de nada. No debo nada a nadie (solo a mi familia, maestros y profesores). No tengo que pedir perdón. No me tocó la lotería. No gané el premio gordo en una tómbola. No me expropiaron una finca. No me nombraron alto cargo, director provincial ni vocal asesor por agitar un carné político que nunca he tenido.

Aprobé frente a tribunales formados por ceñudos señores a los que no conocía de nada. En buena lid: sin concejal proclive, pariente político, mano protectora ni favor de amigo. Después de muchas noches de desvelos, angustias y desvaríos y con la sola e inestimable compañía de mis santos cojones. Como tantos y tantos compañeros anónimos repartidos por toda España a los que ahora algunos mendaces quieren convertir, por arte de birli-birloque, en culpables de la crisis.

Amigos funcionarios, estamos rodeados de gente muy tonta y muy hija de puta.

PD. Si alguien, en cualquier contexto, os reprocha —como es frecuente— vuestra condición de funcionario os propongo el refinado argumento que yo utilizo en estos casos, en memoria del gran Fernando Fernán-Gómez: «váyase usted a la mierda, hombre, a la puta mierda».

Si eres funcionario, pásalo a toda España. Si no lo eres pero estás de acuerdo, también.

Funcionarios y autonomías

Es por lo menos chocante que sean justo los políticos al llegar al poder, es decir, cuando se convierten —al menos en teoría— en servidores del Estado, los que más desprecio muestran por los empleados públicos. Por si fuera poco, gobernantes en pleno ejercicio de sus funciones se dedican también a cuestionar las instituciones que ellos mismos ocupan.

Hace unos meses, el catedrático de Derecho Constitucional Francisco J. Bastida explicaba en un artículo publicado en La Nueva España cómo son precisamente los gobernantes los que más fomentan el desprestigio del funcionariado. ¿Cómo lo hacen? Demostrando que no se fían de ellos: cuando llegan a un puesto político relevante, prueban su absoluta falta de confianza en los funcionarios llenando las instituciones de cargos de confianza que son nombrados (y pagados) al margen de lo establecido para función pública y, las más de las veces, de lo que dictan el sentido común y la decencia. Esto de atascar de asesores las instituciones (qué vergüenza el otro día ver en el programa de Jordi Évole a Marugán diciendo que los partidos no son agencias de colocación) resulta particularmente escandaloso en tiempos de recortes. Un día, por cierto, quizá habrá que contar lo que ha hecho una política muy tuitera al llegar al puesto que hoy ocupa.

Asistimos también al espectáculo de presidentes de comunidades renegando del Estado autonómico y pidiendo poco menos que su desaparición o, al menos, su reducción a la mínima expresión. Igual que se culpa a los funcionarios del mal funcionamiento del Estado, se señala a las autonomías como una de las causas principales del déficit público. Como decía ayer Santos Juliá en El País, nadie obligó a los gobiernos de las comunidades a tener no uno sino varios canales de televisión, a servirse de las cajas de ahorros para financiar proyectos absurdos o a aprobar planes urbanísticos prácticamente criminales.

No nos engañemos (o que no traten de engañarnos): claro que hay funcionarios que hacen mal su trabajo y que hay mucho que hablar del Estado autonómico (por ejemplo, cerrarlo por fin en Estado federal), pero hay montones de empleados públicos que están extraordinariamente cualificados, que bordan su trabajo y —de esto doy fe— que le echan no muchas, sino demasiadas horas; del mismo modo, las comunidades autónomas han contribuido a acercar las instituciones a la realidad de los ciudadanos. Lo que ocurre es que funcionarios y autonomías se han convertido en el pimpampum (otro más) de los que quieren liquidar el Estado y eliminar lo público, argumentando que privatizar es devolver a la sociedad. Conmigo que no cuenten para hacerles el coro.