Sin crédito

De entre las frases que estamos escuchando desde que comenzó esta crisis inacabable, hay una particularmente insistente: «no hay crédito» o su variante «tiene que volver a fluir el crédito» nos martillean a diario. Se repite como un mantra en su sentido más literal: se ha convertido casi en una invocación a la divinidad (¿los mercados?) o como apoyo a la meditación (fatalismo hindú incluido).

Sin embargo, no es esta la única falta de crédito que debería preocuparnos, ya que no solo es la economía lo que parece estar viniéndose abajo. Antes de que las urgencias de la crisis lo abarcaran casi todo, ya se había puesto sobre la mesa la necesidad de introducir algunos retoques a la Constitución. Si no recuerdo mal, la preferencia del varón en la sucesión a la Corona, el papel del Senado o la mención expresa de la pertenencia la Unión Europea, fueron, entre otros, asuntos cuya reforma en la Carta Magna era casi universalmente aceptada. Pocos años después, y casi aturdidos por la situación económica, no hay una sola alta institución del Estado que se salve de la quema y que no esté puesta en cuestión con toda justicia. También esta versión de la democracia se está quedando sin crédito y habría que ir pensando en rescatarla.

Por llevar un orden, empecemos por la jefatura del Estado. No vamos a volver a la carga con el episodio de los elefantes o con el del yerno, pero resulta bien claro que la imagen de la Corona está gravemente comprometida. Tanto que, incluso desde sectores especialmente monárquicos, ha recibido críticas muy duras: el artículo en el que Zarzalejos consideraba que la monarquía había entrado en barrena lo ejemplifica perfectamente.

El lamentable espectáculo del Poder Judicial y sus semanas caribeñas (agravado con las excursiones marbellíes de su presidente, a quien eso de la transparencia le debe importar lo mismo que a mí el mundial de petanca) no hace mucho en defensa de una administración de justicia con una imagen pésima ante los ciudadanos: las imágenes con toneladas de expedientes amontonados en los aseos de los juzgados, las historias de asesinos reclamados por un juzgado que un día van a firmar por otra cosa a otro y no saltan las alarmas para detenerlos, los retrasos de años y años en los procedimientos muestran la inaceptable falta de medios con la que tienen que bregar los funcionarios. Y del Constitucional mejor ni hablamos. Bueno, sí: si de verdad hay una reforma constitucional pronto, liquídese, y que una sala del Supremo se encargue de sus funciones.

Lo del Gobierno no es menos preocupante. No parece nada fácil lo que ha logrado: mayoría absoluta aplastante y pérdida total de reputación en el ámbito internacional se han sucedido casi sin interrupción. Si Rajoy pensaba que con su sola llegada los mercados se iban a calmar, es un iluminado tan peligroso como acusó a su predecesor de serlo. Es más, no parece que haya muchas diferencias: la sensación de improvisación (vaya papelón con lo de Bankia) y de continuidad (miren lo que dice Lagarde) en las políticas económicas y financieras lo confirman. [Y luego esta Wert, lanzado en su papel de ministro peor valorado. Tendrá una entrada para el solito: se la ha ganado].

A las Cortes Generales tampoco les queda mucho crédito. A los que creemos que la política, los partidos y el parlamento son esenciales en democracia, el «no nos representan» lanzado por el 15-M nos resultaba pelín totalitario. Pero es muy difícil sentirse representado por unas cámaras en las que la vida diaria de la gente importa tan poco. El tiempo que las Cortes han dedicado a los recortes en educación y sanidad ha sido mínimo y deja muy malparada la función de control. Qué envidia dan cámaras como el Senado norteamericano, qué lástima que aquí no podamos tener una comisión como su comité de banca, para ver cómo sudan tinta los responsables de las entidades financieras que nos están mandando al infierno.

Los ayuntamientos, las comunidades, el Banco de España, los partidos… también tienen su crédito prácticamente agotado. Un excelente trabajo de Fernando Garea y José Luis Barbería describía ayer en El País el shock democrático que nos tiene groguis. Aquí seguiremos con este asunto. La urgencia indiscutible de lo económico no debe ocultarnos la gravedad de la crisis política, que está siendo aprovechada por los populistas de la peor especie, sentados en escaños de muchos parlamentos europeos y que en España ocupan muchas sillas en platós y columnas en periódicos. Y mejor si lo arreglamos nosotros. Sin ellos.

Himnos y banderas

A raíz de una ocurrencia de Esperanza Aguirre, me dio por dejar un comentario en una red social. El asunto generó entre algunos de mis amigos una discusión  entretenida, ingeniosa, divertida y con un punto de indignación en ambas partes, aún más interesante si tenemos en cuenta que pocos de ellos se conocen entre sí.

Decía la presidenta que la final de la Copa del Rey debería suspenderse si se pitara el himno. No voy a entrar ahora en las consecuencias de orden público que podría tener la suspensión de un partido en un estadio abarrotado con decenas de miles de personas que habrán hecho muchos kilómetros para estar en el Calderón. Tampoco me voy a parar en los efectos económicos que una decisión así podría causar ni en el daño a la imagen del país (mucho mayor que el de una pitada) que acarrearía. Y menos aún voy a valorar cuántos litros de gasolina ha regalado Aguirre con esto a los que quizá ya venían a Madrid con ganas de bronca.

Voy al hecho mismo de la pitada al himno o al príncipe de Asturias (que representará el viernes al jefe del Estado). Pegarle a una pitada a un himno es, creo que sin duda, una falta de respeto. Pero es igual de irrespetuoso si el himno objeto de la bronca es un himno de otro Estado. Me gusta el fútbol, veo bastante fútbol, he seguido por televisión muchísimos partidos de la selección e incluso he asistido en directo al menos a un par de ellos (recuerdo ahora el España-Alemania del Mundial 82 y un encuentro contra Israel en alguna fase clasificatoria), y siempre ha habido un sector de la afición española —no sé si el más numeroso pero desde luego sí el más notorio— pitando durante la interpretación del himno del equipo rival. Me juego un café a que unos cuantos de los indignados por la bronca a la Marcha Real que podría darse el viernes han gritado, silbado, abucheado e insultado (en el estadio o delante de la tele, lo mismo en casa que en el bar) mientras sonaba el himno de los otros. Ese era mi comentario en la red social: si cada vez que la afición de España hubiera pitado un himno se hubiera suspendido el partido, no habríamos sido campeones de nada. Por otra parte, resulta divertidamente paradójico que los nacionalistas vascos y catalanes resulten tan futbolísticamente españoles en expresiones que aspiran a ser precisamente antiespañolas.

Entre los que han salido a discrepar de Aguirre, destaca Antonio Basagoiti. En unas declaraciones en Televisión Española, el líder del PP del País Vasco decía que, con el criterio de la presidenta madrileña, tendría que haberse suspendido la final de la Europa League en Bucarest porque había seguidores del Atlético de Madrid que portaban banderas preconstitucionales (para mi regocijo, Basagoiti ha usado la expresión «la bandera del pollo»). Hablando de banderas, resulta curioso que a los paladines de los símbolos nacionales no parezca importarles mucho que se planten sobre la bandera imágenes representativas de entidades privadas (el escudo del Madrid o del Atlético, el toro de Osborne…) aunque esté expresamente prohibido en el artículo 8 de la ley por la que se regula el uso de la bandera de España.

Se ha argumentado que no se puede dejar impune la pitada. No estoy seguro de que proceda hablar de impunidad en este caso. Parece que se da por hecho que silbar durante la ejecución del himno es delito. La experiencia de hace tres años más bien lo desmiente: una organización nacionalista española presentó una querella ante la Audiencia Nacional (injurias al Rey, apología del odio nacional y ultrajes a España) que acabó siendo archivada por el juez, que consideró que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito y que estaban amparados por la libertad de expresión.

Cuando un juez establece que silbar mientras suena el himno no es delito, llega la indignación: «esto solo pasa en España». Pues, como casi siempre que utilizamos esta expresión y otras semejantes, no: esto no solo pasa en España. Para empezar, la propia Aguirre ha puesto como ejemplo que Sarkozy prohibió pitar la Marsellesa en los campos de fútbol bajo la amenaza de suspender en el acto el partido; claro, lo prohibió porque estaba ocurriendo. Pero podemos irnos a un país nada sospechoso de falta de patriotismo. En Estados Unidos quemar la bandera no es delito. Hay varias sentencias del Tribunal Supremo (Texas contra Johnson y Estados Unidos contra Eichman) que declararon inconstitucionales leyes que prohibían la quema de la enseña porque consideraban que el acto de quemar la bandera está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, la que consagra la libertad de expresión. Después de estas sentencias (son de 1989 y 1990, respectivamente), se han presentado varias propuestas para introducir una enmienda que proteja la bandera, pero ninguna ha llegado a aprobarse. Es decir, hay un patriotismo mayor que el de los símbolos: el de los valores constitucionales, el que defiende las libertades y los derechos.

Por cierto, y para acabar: aupa Athletic.

Delendae sunt nationes

Se celebra hoy el Día de Europa en uno de los momentos más convulsos —si no el más— de la historia de la Unión. Las elecciones celebradas el pasado domingo en Grecia y Francia marcan, por distintos motivos, un tiempo en el que Europa debe enfrentarse a decisiones muy graves sobre su futuro.

Probablemente fundamental en la construcción de los grandes Estados liberales en el siglo XIX, el nacionalismo se convirtió en el siglo XX —de Hitler a ETA, de Franco a Milošević— en el manatial del que brotaron los ríos de sangre más caudalosos de la historia de la humanidad. En el siglo XXI se resiste a quedar reducido a una rémora más o menos folklórica y se empeña en mantener su papel trágico. Gracias a las Comunidades Europeas creadas en los años cincuenta, poco después del final de la peor guerra conocida, Europa ha vivido su periodo de paz más largo; gracias a ellas y a la actual Unión, las enormes diferencias de desarrollo entre los Estados del continente se han ido reduciendo. Europa iba siendo mejor cuando las viejas naciones iban cediendo soberanía.

Hoy, en esta vuelta absurda y seguramente suicida a los años treinta del siglo pasado, el nacionalismo no se limita a asomar su repugnante pezuña por debajo de la puerta, sino que se ha quitado los disfraces y muestra sus garras sin recato. Con menos soberanía de las naciones y más soberanía de la Unión, con un verdadero gobierno federal europeo (político y, por supuesto, económico), la puesta en marcha de la moneda común habría acarreado problemas mucho menores que los que estamos viviendo. Pero no: ya no son solo Finlandia, Austria, Hungría o los Países Bajos (por poner unos pocos ejemplos) las únicas regiones europeas en las que (guardando algunas apariencias democráticas) los ultranacionalistas ganan peso electoral; los resultados del Front National en Francia o el aterrador grupo nazi (de neo-, nada: nazi, nazi) que ha obtenido 21 escaños en las elecciones griegas nos muestran bien claramente que hay lecciones que no hemos aprendido.

El nacionalismo es uno de los peores enemigos con los que nos enfrentamos. Y combatir el nacionalismo ajeno con el propio es decididamente absurdo. La lucha eficaz contra el nacionalismo empieza por renunciar al propio: no se combate el catalanismo con españolismo o viceversa. Tal cosa no haría más que confirmar aquella frase que muchos atribuyen a Josep Pla (dicen que dijo que «el nacionalisme és com un pet, només li agrada a qui se’l tira», vaya usted a saber si la frase era cierta o apócrifa).

Más Unión, menos naciones. Feliz Día de Europa.

Funcionarios y autonomías

Es por lo menos chocante que sean justo los políticos al llegar al poder, es decir, cuando se convierten —al menos en teoría— en servidores del Estado, los que más desprecio muestran por los empleados públicos. Por si fuera poco, gobernantes en pleno ejercicio de sus funciones se dedican también a cuestionar las instituciones que ellos mismos ocupan.

Hace unos meses, el catedrático de Derecho Constitucional Francisco J. Bastida explicaba en un artículo publicado en La Nueva España cómo son precisamente los gobernantes los que más fomentan el desprestigio del funcionariado. ¿Cómo lo hacen? Demostrando que no se fían de ellos: cuando llegan a un puesto político relevante, prueban su absoluta falta de confianza en los funcionarios llenando las instituciones de cargos de confianza que son nombrados (y pagados) al margen de lo establecido para función pública y, las más de las veces, de lo que dictan el sentido común y la decencia. Esto de atascar de asesores las instituciones (qué vergüenza el otro día ver en el programa de Jordi Évole a Marugán diciendo que los partidos no son agencias de colocación) resulta particularmente escandaloso en tiempos de recortes. Un día, por cierto, quizá habrá que contar lo que ha hecho una política muy tuitera al llegar al puesto que hoy ocupa.

Asistimos también al espectáculo de presidentes de comunidades renegando del Estado autonómico y pidiendo poco menos que su desaparición o, al menos, su reducción a la mínima expresión. Igual que se culpa a los funcionarios del mal funcionamiento del Estado, se señala a las autonomías como una de las causas principales del déficit público. Como decía ayer Santos Juliá en El País, nadie obligó a los gobiernos de las comunidades a tener no uno sino varios canales de televisión, a servirse de las cajas de ahorros para financiar proyectos absurdos o a aprobar planes urbanísticos prácticamente criminales.

No nos engañemos (o que no traten de engañarnos): claro que hay funcionarios que hacen mal su trabajo y que hay mucho que hablar del Estado autonómico (por ejemplo, cerrarlo por fin en Estado federal), pero hay montones de empleados públicos que están extraordinariamente cualificados, que bordan su trabajo y —de esto doy fe— que le echan no muchas, sino demasiadas horas; del mismo modo, las comunidades autónomas han contribuido a acercar las instituciones a la realidad de los ciudadanos. Lo que ocurre es que funcionarios y autonomías se han convertido en el pimpampum (otro más) de los que quieren liquidar el Estado y eliminar lo público, argumentando que privatizar es devolver a la sociedad. Conmigo que no cuenten para hacerles el coro.

Han vuelto

No son pocos los que, como el nobel Paul Krugman en un artículo reciente, creen que Europa está reproduciendo cada vez más fielmente los años treinta del siglo pasado. No solo la crisis económica se parece a la de aquella época: resultados como los obtenidos por Marine Le Pen en la primera vuelta de las presidenciales francesas añaden inquietud al futuro del continente.

Le Pen no es la única que ha lanzado mensajes ultranacionalistas en la campaña electoral. Sarkozy se descolgó un día con una propuesta para reformar el Acuerdo de Schengen de modo que se restrinja la entrada de extranjeros en los Estados de la Unión. Y tampoco es Francia el único país que transita por caminos tan vidriosos: la reciente reforma constitucional húngara y los resultados de partidos ultraderechistas como el Partido por la Libertad (tercero más votado en las elecciones holandesas de 2010 y en la coalición de gobierno hasta hace unos días) o los Auténticos Finlandeses (un 19 % en las elecciones del año pasado) son otros ejemplos —la lista es más larga— del relativo auge de grupos políticos que nos conectan, efectivamente, con los años treinta.

En España, la ministra de Sanidad, miembro de un partido al que no se le supone homologable con los citados sino fundado sobre el humanismo cristiano, ha señalado la asistencia a algunos extranjeros como una de las causas de la crítica situación del sistema público de salud. En consecuencia, a finales del verano los extranjeros sin papeles perderán su derecho a la atención sanitaria. Además de que el ahorro que se argumenta es más que discutible (los enfermos crónicos sin acceso a atención primaria recurrirán a las urgencias, a las que seguirán teniendo derecho —solo faltaba— y que son más caras) y del riesgo sanitario para la población general que acarrea la falta de control sobre ciertas enfermedades infecciosas, la obsesión por cuadrar las cuentas a cualquier precio puede tener consecuencias dramáticas.

El doctor Federico Pulido, especialista en VIH en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, lo explica con total claridad en una estremecedora carta al director que debería ser de lectura obligatoria. Al perder su tarjeta sanitaria, los extranjeros en situación irregular que él atiende dejarán de recibir su tratamiento antirretroviral. Y, muy probablemente, morirán.

La nauseabunda práctica de estigmatizar a los extranjeros responsabilizándolos de los males de la patria cruza de nuevo Europa. Sus ideólogos han vuelto. O quizá nunca llegaron a irse.

Cuarenta en clase

Los nuevos dioses tienen tanta sed de sangre como los antiguos y entre las víctimas que los mercados exigen sobre el altar del sacrificio también está la educación. Nos han anunciado que volveremos a ratios por aula propias de otras épocas.

El ministro del ramo —que por lo que me cuentan era un señor que daba mucho juego en las tertulias y lo mismo iba a vela que a vapor, es decir, que no le hacía ascos a que le pagaran en Intereconomía o en la SER— ha dicho, parece que sin sonrojo, que con más alumnos por clase mejorará su socialización. O sea, que se sigue comportando como un tertuliano de toda la vida. Sinceramente, que un ministro me parezca más o menos incompetente no me sorprende mucho: hay tradición. Sí me sorprende, en cambio, que tanta gente haya reaccionado con aquello de «pues en mi época éramos cuarenta o cuarenta y tantos en clase y aquí estamos, no pasaba nada». Que argumentos así me descoloquen no es tanto por lo estrictamente educativo, sino porque son profundamente reaccionarios. «Éramos cuarenta y tantos en clase y no pasaba nada» es muy similar a «cuando no había autovía también íbamos a Burgos» o, como bien saben mis amigos que se ganan —y se dejan— la vida en la edición, a «antes de Gutenberg también había libros».

Mucho ojo, porque el argumento que subyace es perverso. Por una parte, más alumnos por clase y más horas lectivas por profesor significa menos empleo docente (menos autovías y menos libros también es más paro); pero por otra es aún más turbio: nos están proponiendo —y lo estamos comprando— que muchos de los avances sociales, laborales, culturales y técnicos (verdaderas conquistas muchos de ellos) no son solo coyunturalmente difíciles de mantener, sino inviables o, aún peor, lujos innecesarios. Lo inquietante no es que desde el poder político (o lo que quede de él) y desde el poder financiero (o sea, el de verdad) traten de imponer un regreso al siglo XIX: lo verdaderamente sobrecogedor es que nos colguemos de su brazo para desandar el camino.

Res publica

Está terminando un 14 de abril por lo menos curioso. Si el del año pasado sirvió para conmemorar el 80 aniversario de la proclamación de la II República, el de 2012 viene con un abuelo y un nieto lesionados jugando a lo mismo. Y elefantes.

Hace ya mucho tiempo que cuando alguien me plantea si soy republicano, la respuesta es sí. Sin embargo, el núcleo de esta convicción no está simplemente en la forma política del Estado. Es evidente que la monarquía es un sistema mucho menos democrático y que excluir a todos los ciudadanos menos a los de una familia (quizá sería más exacto decir que a todos menos a uno) de la posibilidad de ser jefe del Estado es difícilmente aceptable a estas alturas. Incluso los defensores más militantes de la validez de la institución tienen dificultades para explicarse (difícilmente olvidable el artículo de ABC en el que se comparaba la modernidad de la monarquía con la de la corbata y hasta se citaba a Pemán).

Pero no me parece lo más relevante. Cuando digo que soy republicano no pienso en la necesidad y aún menos en la urgencia de un cambio constitucional (aunque episodios como el de los elefantes contribuyan a acelerar el descrédito de una institución que ya lleva una buena temporada relacionándose bastante mal con la realidad). Soy republicano porque estoy convencido del valor de lo público, del papel esencial del Estado para la sociedad. Más allá de que a la primera magistratura del país se acceda por herencia o por elección popular, toca desmontar la idea de que el Estado y lo público son malos por definición mientras que los particulares son siempre justos y benéficos. Esta exaltación de lo privado frente a la res publica es la raíz moral de la crisis que nos está destrozando y que amenaza con empeorar si las soluciones que se proponen se siguen empeñando en la aniquilación de lo público.