Hasta el gorro

Cinco semanas sin publicar nada. Los arranques de curso tienen estas cosas: lo invaden todo y apenas dejan hueco para nada más. Pero no es la única razón: estamos viviendo un momento en el que parece imposible dar con el tiempo y el ritmo y el sosiego para hablar. Las urgencias nos acaloran y se tiene la sensación (yo la tengo) de que llevamos demasiados meses (¿años?) improvisando y que cada medida que se toma bajo la presión de una realidad acuciante e inmediata es un paso más en la destrucción del futuro.

«Tristeza civil» fue la expresión que Muñoz Molina utilizó en un breve artículo publicado en su web hace un par de semanas. Me la apropio: es lo que siento. Como muchos otros ciudadanos asisto casi estupefacto al espectáculo. Responsables de la sanidad pública que amenazan con sacar las mamografías de la cartera básica de servicios que presta el sistema nacional de salud; ministros de Educación y Cultura que desconocen cómo funciona el IVA, que se atreven a trazar una línea entre cultura y entretenimiento, y que montan una reforma educativa sobre la base de una interpretación de los informes PISA que los hacen parecer la Champions League; parlamentarios que tienen varias viviendas en Madrid pero que cobran dietas al estar elegidos por otra circunscripción (y alguna, como premio, es nombrada presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores); encargados de garantizar nuestros derechos fundamentales que anuncian que quieren restringirlos (ellos dicen «modular» pero todos nos entendemos); gobernantes que acaban con las becas de comedor escolar y privan a muchos niños de la única comida decente que hacían al día; tasas de estudios universitarios que se disparan e impiden a muchos estudiantes continuar con su formación (y encima no sirve para evitar el despido de montones de docentes)… La enumeración es agotadora.

Yo creo que la política es imprescindible, que los políticos son imprescindibles, que la representación legítima de la soberanía está en el Parlamento; no me convencen las campañas de trazo grueso contra «la clase política», pero nos lo están poniendo demasiado difícil. Y por si teníamos poco, el nacionalismo catalán y el nacionalismo español reaparecen con todo su dudoso esplendor.

El nacionalismo me despierta un lado categórico y convencido que hasta a mí mismo me sorprende, pues soy cada vez dueño de menos certezas. Como no quiero calentarme más de la cuenta, me voy a limitar a aportar un par de citas de artículos que se encuentran entre los que me han ayudado a componer mi opinión sobre esta rémora decimonónica trágica y folklórica (y perdón por las esdrújulas).

En primer lugar, un artículo de Javier Cercas que recurre al evangelio e identifica el nacionalismo de los otros con la paja en el ojo ajeno; la viga, en el propio: «el nacionalismo es una fantasía siniestra a la que entre otras cosas debemos las dos guerras más devastadoras de la historia, pero no se le combate con un nacionalismo contrario (o con máscaras o sucedáneos del nacionalismo), sino como a cualquier otra creencia irracional: con la razón. Y la razón sólo se empieza a tener cuando, antes de denunciar el nacionalismo ajeno, se denuncia el propio».

La segunda cita es de un artículo de Savater nada menos que de 1999, escrito justo tras la intervención de la OTAN contra la Serbia de Milošević. Los últimos párrafos (que incluyen referencias a Enzensberger y a Ignatieff) arrancan con una demoledora afirmación: «Una de las lecciones feroces de este fin de siglo es que nada empeora tanto a una persona como convencerla de que pertenece a un pueblo».

Lo siento. Las multitudes enarbolando banderas (sean senyeres estelades en Sant Jaume, rojigualdas en Colón o tricolores en Neptuno) me causan la misma náusea (y el mismo miedo), y no puedo evitar que me evoquen las siniestras concentraciones nazis de Núremberg (también imagino que lo propio es que marchen al ritmo que les marque la cabra a la que siguen). No me hacen ninguna gracia los ministros de Educación que se proponen españolizar a los niños catalanes (¿qué diablos será eso de españolizar niños?), no me gusta oír himnos nacionales (sean de segadors o chunda-chundas sin letra) convertidos en tono de llamada de móvil, me aburren hasta el cansancio los textos que nombran varias veces por línea a la nación, lo nacional, la identidad, el derecho a decidir…

Y mañana, desfile.

Libros de texto

La brutal subida del IVA del material escolar decidida por el Gobierno y medidas de recorte como la supresión de las becas para libros de texto en algunas comunidades  —junto al anteproyecto de enésima ley orgánica educativa, las decisiones ya tomadas sobre Educación para la Ciudadanía y el incremento de tasas en las enseñanzas públicas de grado y de posgrado— están marcando el comienzo del curso 2012/2013.

Los libros de texto (cuyo IVA, por cierto, no varía) se han visto envueltos en un huracán del que están saliendo muy malparados. Y muy injustamente, en mi opinión. Por ejemplo, el viernes pasado llegó un correo de Change.org, en el que se pide la adhesión a una petición cuyo título es «Por un precio justo para los libros de texto», cosa que parece muy razonable. Lo que ya no lo parece tanto es que el encargado de lanzar los correos para propagar la petición, colocara en el asunto «El timo del libro» y se quedara tan ancho. Si uno busca atentamente en el texto de la petición de Elena Alfaro, la palabra timo no aparece en ninguna parte. Mal empezamos.

No he firmado la petición y no pienso hacerlo. La razón no está en que me haya parecido mal la estupidez de llamar timo a los libros de texto. En principio, ya está dicho líneas arriba, me parece razonable que tengan un precio justo, a quién no. No solo que tengan un precio justo, sino que se mantengan y se amplíen todo lo posible las ayudas públicas para su adquisición. Pero hay otras cosas que se proponen en la petición (y que se están oyendo y leyendo mucho estos días) que no puedo compartir.

Hay una especie de consenso universal en fomentar el intercambio y la reutilización de los libros. Pues yo disiento. Creo que todos los alumnos tienen derecho a usar libros nuevos, que pueden (y deben) subrayarlos y hacer anotaciones sobre ellos para estudiar y que no se les puede impedir que conserven, acabado el curso, los libros que quieran (como yo guardo aún aquellos libros de Lengua y de Literatura de COU que escribieron Lázaro Carreter y Vicente Tusón para Anaya).

Es perfectamente comprensible que las familias (o los propios chavales si son mayores) se organicen para hacerse con los libros a menor precio comprándolos de segunda mano o gratis mediante distintas formas de intercambio. Pero es inaceptable que eso se implante de forma oficial desde las administraciones educativas para tratar de salvar la cara tras suprimir las becas. Vivo en Madrid y es el caso que conozco: la Comunidad se carga las ayudas para libros y material escolar mientras anuncia un programa de intercambio y reutilización. Es decir, los alumnos de familias con mayores recursos económicos estudiarán con libros nuevos y los demás, no.

Gratuidad universal de libros de texto, tampoco: umbrales de renta, como para las becas de carácter general y que los que puedan pagar los libros, los paguen, y los que no, obtengan ayudas para adquirirlos. Políticas redistributivas también para esto. (El capítulo sobre la veracidad de las rentas familiares declaradas, otro día; a lo mejor la Educación para la Ciudadanía habría contribuido a ir acabando con lo de engañar al fisco y presumir de hacerlo; nunca lo sabremos).

Queda un aspecto muy importante en el que nadie parece reparar mucho (salvo los propios afectados, claro). Las editoriales, grandes y pequeñas, que se dedican al libro de texto y los empleos que generan no pueden quedar fuera de la reflexión sobre este asunto. Autores, editores, ilustradores, correctores, revisores científicos, maquetistas… ven su trabajo en peligro cada vez que este debate se abre; a unos pocos les pongo cara, nombre y apellidos. Obligar a la reutilización de libros tendría un impacto brutal sobre un sector ya bastante tocado. Por no hablar de las imprentas. Conozco no de primera mano, sino de mi propia mano, la elaboración de un libro de texto escolar; sé lo mal que se paga a muchos de los actores del proceso (con titulación superior la mayoría) y no ignoro las dificultades que las administraciones educativas añaden a su trabajo.

La solución, por tanto, no puede tener como efecto que se produzca menor cantidad de libros; no nos podemos quejar de medidas de recorte que dinamitan las posibilidades de crecimiento y de creación de empleo, y exigirlas a continuación en un sector determinado, comprometer su supervivencia, poner en peligro miles de puestos de trabajo y, por cierto, bloquear sus proyectos de desarrollo en el ámbito de las nuevas (o ya no tan nuevas) tecnologías.

A pesar de todo, feliz curso 2012/2013.

Defensa de lo público

Cuando se escriben estas líneas, la situación financiera de España está al borde del abismo. Las medidas adoptadas por el Gobierno no han tenido efecto en los mercados y, si llega el rescate, todo indica que habrá que recortar más. Las líneas siguientes son una defensa de lo público frente a las agresiones que ya sufre y las que se le avecinan.

1. Defensa de los empleados públicos. A los funcionarios no solo se les ha recortado el sueldo, sino que se los ha estigmatizado. Igual que se ha hecho con los extranjeros en situación irregular al marcarlos como fuente de gasto excesivo en el sistema público de salud (y, para que la cosa quede bien nazi, prácticamente condenarlos a muerte, como recordaba el doctor Federico Pulido), los empleados públicos han sido señalados como una especie de casta de privilegiados que casi se merecen lo que les está pasando; empleo fijo —ya veremos— y unas condiciones laborales mejores que la media les han hecho ser envidiados y ya sabemos cómo es aquí la envidia: en vez de desear para nosotros sus ventajas, mejor se las quitamos y que no las tenga nadie. Es alucinante —ya lo hemos comentado en esta bitácora— ver cómo son precisamente los políticos al llegar al poder los que más hacen por desprestigiarlos y no lo es menos la facilidad con que se ignora lo duro que en muchos casos ha sido para ellos acceder a la función pública (tengo bien cerca ejemplos de funcionarios de alto nivel, que han llegado a su puesto a base de esfuerzo y talento, sin chanchullos ni enchufes de por medio, que ven con espanto cómo llegan a sacarlos literalmente del despacho políticos recién designados para colocar a su cohorte de asesores, estos sí, por puro enchufe). Los no funcionarios no debemos caer en la trampa de desear el mal a los empleados públicos, sino que deberíamos tratar de conseguir para nosotros lo que de sus condiciones laborales pudiéramos envidiarles. Vamos a no darles más alegrías a los enemigos de los derechos de los trabajadores.

2. Defensa del Estado de las autonomías. Otro viejo rival que está haciendo bien su trabajo de intoxicación es el nacionalismo. Hasta en las barras de los bares, los mismos que criticaban a Del Bosque tras los primeros partidos de la Eurocopa claman ahora contra la organización territorial del Estado (y con la misma solvencia intelectual). El mensaje ha calado: las autonomías son malas. Los nacionalistas españoles y los periféricos están encantados; unos, porque nunca creyeron en un sistema territorial descentralizado y los otros, porque siempre han creído que los únicos territorios con derecho al autogobierno eran los suyos, los del hecho diferencial. El mismo Estado autonómico de 2007, con el que nuestro PIB crecía feliz y nuestra tasa de desempleo era la más baja de la historia, ese mismo Estado autonómico, ahora es la causa de todos los males de la patria. Desde Montesquieu sabemos que conviene dividir el poder para evitar abusos; el Estado autonómico —como otras formas similares en otros países donde su carácter federal no parece ser un problema financiero— cumple esa función de fragmentar el poder y de acercarlo a la ciudadanía haciéndolo más democrático. Regionalizar el poder permite, además, aplicar el principio de subsidiariedad, es decir, que los asuntos sean resueltos por las autoridades más cercanas al objeto del problema. Con instancias de poder más próximas es más fácil que el ciudadano pueda acceder a ellas, la democracia se hace más participativa y las instituciones resultan más cercanas incluso para ser controladas. Por supuesto que el Título VIII de la Constitución necesita una profunda revisión más de treinta años después, pero defender sin más la liquidación de un sistema descentralizado como el que tenemos es, de nuevo, trabajar para el enemigo, para el que está incómodo con la participación ciudadana en las instituciones, para el que prefiere un poder monolítico y único al que sea más fácil condicionar, manipular y corromper.

3. Defensa de la política. Episodios como el de la diputada Fabra hacen muy difícil que las próximas líneas resulten convincentes. Pero hay que defender la política. Quizá de los primeros que haya que defenderla es de muchos de los políticos actuales, pero tenemos que dejar este juego absurdo de señalar la política como un mal absoluto. Ni todos los políticos son iguales, ni todas las ideologías son iguales (ni mucho menos han desaparecido). Si ingenuamente nos adherimos a esa descalificación global de la política, estaremos contribuyendo al éxito de una de las consecuencias más nocivas de la globalización: la derrota de la democracia representativa por los grandes centros de decisión financieros (lo cuenta muy bien Felipe González en la entrevista que le hace esa periodista imprescindible que es Sol Gallego-Díaz). En las últimas décadas, la autonomía de los gobiernos elegidos democráticamente es cada vez menor frente a instancias internacionales cuyos dirigentes no han sido designados por nada que se parezca a algo relacionado con la soberanía popular. Si aceptamos que la política es mala y punto, le estamos extendiendo la alfombra roja a gobiernos técnicos que aplicarán las medidas que les impongan esas instancias internacionales sin pasar por las urnas o, aún peor, haciendo lo contrario de lo que digan las urnas. Combatir a los políticos impresentables, negarles que nos representen, exigirles responsabilidades sin contentarnos con que nos pidan perdón no tiene nada que ver con deslegitimar la política: es todo lo contrario, es defender la democracia.

4. Defensa de la intervención del Estado. Jaime Alejandre lo explicaba con gran claridad en su blog hace un par de meses. El capitalismo es capaz de convertir los alimentos básicos en activos financieros, acapararlos para provocar que su precio suba, causar las consiguentes hambrunas y, de paso, culpar a los ecologistas por su obsesión con los biocombustibles. Admitamos que el sistema no sea en sí mismo criminal, sino que hay mucho criminal lucrándose con lo que el sistema le permite. Desde finales del siglo pasado, con el triunfo del neoliberalismo más duro (encarnado en Thatcher y Reagan), el control del Estado sobre la actividad económica ha ido disminuyendo, hay rankings que vinculan el progreso a la libertad económica (y que llaman libertad económica a que haya cuantos menos impuestos, mejor) y el capitalismo se ha ido deshaciendo de cualquier lastre moral. Todo vale, nadie exige cuentas, nadie supervisa. Desde la doctrina social de la Iglesia (a algunos ultraliberales de misa dominical me gustaría verlos ante la Populorum progressio de Pablo VI) hasta la Constitución de 1978, parece claro que a esto del lucro por el lucro hay que ponerle límites; incluso figuras del liberalismo como Stuart Mill («la idea de una sociedad en la que los únicos vínculos son las relaciones y los sentimientos que surgen del interés pecuniario es esencialmente repulsiva») y el propio Adam Smith sienten repugnancia ante la admiración acrítica de la riqueza. En las sociedades democráticas, ese papel para limitar y redistribuir (con su vertiente sancionadora también, por supuesto) le corresponde al Estado. Y hay que defenderlo.

No podemos consentir que las demoledoras urgencias que nos afligen sean excusa para que quienes desde hace siglos han combatido los derechos laborales, han obstaculizado el progreso hacia democracias más reales y participativas, han tratado de secuestrar al poder legítimo y han ido apartando al Estado de la regulación de la actividad económica se salgan con la suya. Fue en sus despachos donde empezó esta crisis económica, financiera y moral que nos aterroriza.

Funcionarios

Me llega por correo electrónico (gracias, Montse) un artículo de Ernesto Sierra Moralejo, funcionario del grupo A. No le conozco, es la primera vez que leo su nombre, ni siquiera sé si verdaderamente esto es suyo, pero difícilmente se puede hallar un texto que explique mejor y más precisamente lo que muchos pensamos en este momento. Conste, no soy funcionario, pero le doy la razón en lo que dice y tengo a mi lado a alguien esencial en mi vida que seguro que podría verse retratada. Las líneas siguientes no son, por tanto, del titular del blog, sino de don Ernesto Sierra, cuyas palabras secuestro para reiniciar esta Visión parcial que llevaba un mes parada.

Resulta que en la década prodigiosa del pelotazo, cuando media España se lo llevaba caliente a casa, cuando un encofrador sin estudios se embolsaba tres mil euros, cuando hasta el último garrulo montaba una constructora y en connivencia con un par de concejales se forraba sin cuento, cuando un gañán que no sabía levantar tres ladrillos a derechas se paseaba en Audi, los funcionarios aguantaban y penaban. Nadie se acordaba de ellos. Eran los parias, los que hacían números para cuadrar su hipoteca, hacer la compra en el Carrefour y llegar a fin de mes, porque un nutrido grupo de compatriotas se estaba haciendo de oro inflando el globo de la economía hasta llegar a lo que ahora hemos llegado.

Y ahora que el asunto explota y se viene abajo, la culpa del desmadre… es de los funcionarios. Los alcaldes, diputados y senadores que gobiernan la cosa pública a cambio de una buena morterada no son responsables de nada y nos apuntan directamente a nosotros: somos demasiados, hay que ultracongelarnos, somos poco productivos. Los responsables bancarios que prestaron dinero a quienes sabían que no podrían devolverlo tampoco se dan por aludidos. Todos los intermediarios inmobiliarios, especuladores, amigos de alcalde y compañeros de partida de casino de diputado provincial no tenían noticia del asunto. Nosotros sí. Como diría José Mota: ¿Ellos? No. ¿Nosotros? Sí. ¿Siendo así que ellos? No. Por tanto, ¿nosotros? Sí.

La culpa, según estos preclaros adalides de la estupidez, es del juez, abogado del Estado, inspector de hacienda, administrador civil del Estado que, en lugar de dedicarse a la especulación inmobiliaria a tocateja, ha estado cinco o seis años recluido en su habitación, pálido como un vampiro, con menos vida social que una rata de laboratorio y tanto sexo como un chotacabras, para preparar unas oposiciones monstruosas y de resultado siempre incierto, precedidas, como no podía ser de otra forma, de otros cinco arduos años de carrera; del profesor que ha sorteado destinos en pueblos que no aparecen en el mapa para meter en vereda a benjamines que hacen lo que les sale de los genitales porque sus progenitores han abdicado de sus responsabilidades; del auxiliar administrativo del Estado natural de Écija y destinado en Barcelona que con un sueldo de 1000 euros paga un alquiler mensual de 700 y soporta estoicamente que un taxista que gana 3000 le diga: joder, qué suerte, funcionario.

La culpa es nuestra. A poco que nos descuidemos, nosotros los funcionarios seremos el chivo expiatorio de toda una caterva de inútiles, vividores, mangantes, políticos semianalfabetos, altos cargos de nombramiento digital, truhanes, pícaros, periodistas ganapanes y economistas de a verlas venir que sabían perfectamente que el asunto tarde o temprano tenía que petar, pero que aprovecharon a fondo el momento al grito de mientras dure dura, y que ahora, con esa autoridad que da tener un rostro a prueba de bomba, se pasan al otro lado del río y no solo tienen recetas para arreglar lo que ellos mismos ayudaron a estropear, sino que, además, han llegado a la conclusión de que los culpables son… los funcionarios.

Soy funcionario. Y titulado superior. Funcionario de carrera por oposición ganada compitiendo en buena lid contra miles de candidatos. ¿Y saben qué? No me avergüenzo de nada. No debo nada a nadie (solo a mi familia, maestros y profesores). No tengo que pedir perdón. No me tocó la lotería. No gané el premio gordo en una tómbola. No me expropiaron una finca. No me nombraron alto cargo, director provincial ni vocal asesor por agitar un carné político que nunca he tenido.

Aprobé frente a tribunales formados por ceñudos señores a los que no conocía de nada. En buena lid: sin concejal proclive, pariente político, mano protectora ni favor de amigo. Después de muchas noches de desvelos, angustias y desvaríos y con la sola e inestimable compañía de mis santos cojones. Como tantos y tantos compañeros anónimos repartidos por toda España a los que ahora algunos mendaces quieren convertir, por arte de birli-birloque, en culpables de la crisis.

Amigos funcionarios, estamos rodeados de gente muy tonta y muy hija de puta.

PD. Si alguien, en cualquier contexto, os reprocha —como es frecuente— vuestra condición de funcionario os propongo el refinado argumento que yo utilizo en estos casos, en memoria del gran Fernando Fernán-Gómez: «váyase usted a la mierda, hombre, a la puta mierda».

Si eres funcionario, pásalo a toda España. Si no lo eres pero estás de acuerdo, también.

Problema resuelto: al fútbol

Como gracias a «lo de ayer» la situación está resuelta, me voy al fútbol. España se va al fútbol cada vez que se resuelve una situación límite. Y con éxito indiscutible.

En 2008, cuando el presidente anterior llamaba «desaceleración» al abismo en el que nos hundimos un poquito más cada día, nos fuimos al fútbol y la selección española ganó la Eurocopa; en 2010, poco después de que el Gobierno nos salvara de la intervención con la bajada de los sueldos de los empleados públicos y un recorte en gasto social que entonces nos pareció que jamás se superaría, nos fuimos al fútbol y la selección ganó el Mundial; en 2012, el Gobierno —esta vez con otro presidente, pero igual de redentor— vuelve a salvarnos de la intervención y, con la lógica habitual, nos vamos al fútbol. A pesar del empate con Italia, se da de nuevo la condición básica que garantiza el triunfo: un Gobierno mesiánico.

Somos un país afortunado. Nuestros gobernantes siempre están al quite para meter el capote y aliviarnos de las inciertas embestidas de las sucesivas crisis; bueno, y eso sin contar el capote de la virgen del Rocío, que también está muy atenta la reina de las marismas. También tenemos el mejor sistema financiero del mundo y alcadesas prodigiosas. Nuestras instituciones funcionan y no hace falta reformarlas porque nuestros partidos políticos se encargan de que estén verdaderamente al servicio de los ciudadanos. Para qué seguir. La enumeración de los méritos de la clase dirigente española sería demasiado prolija y está en la mente de todos.

Yo soy español, español, español, español. Dejémonos de desconfianzas y vámonos al fútbol, que la cosa, bien claro está, se queda en buenas manos. Yo me quiero ir a Polonia con mi chica. Y que se vengan el rey y la reina, el príncipe y la princesa, Rajoy y señora, Dívar y su escolta.

El Roto. El País, 12 de junio de 2012.

El Roto. El País, 12 de junio de 2012.

Himnos y banderas

A raíz de una ocurrencia de Esperanza Aguirre, me dio por dejar un comentario en una red social. El asunto generó entre algunos de mis amigos una discusión  entretenida, ingeniosa, divertida y con un punto de indignación en ambas partes, aún más interesante si tenemos en cuenta que pocos de ellos se conocen entre sí.

Decía la presidenta que la final de la Copa del Rey debería suspenderse si se pitara el himno. No voy a entrar ahora en las consecuencias de orden público que podría tener la suspensión de un partido en un estadio abarrotado con decenas de miles de personas que habrán hecho muchos kilómetros para estar en el Calderón. Tampoco me voy a parar en los efectos económicos que una decisión así podría causar ni en el daño a la imagen del país (mucho mayor que el de una pitada) que acarrearía. Y menos aún voy a valorar cuántos litros de gasolina ha regalado Aguirre con esto a los que quizá ya venían a Madrid con ganas de bronca.

Voy al hecho mismo de la pitada al himno o al príncipe de Asturias (que representará el viernes al jefe del Estado). Pegarle a una pitada a un himno es, creo que sin duda, una falta de respeto. Pero es igual de irrespetuoso si el himno objeto de la bronca es un himno de otro Estado. Me gusta el fútbol, veo bastante fútbol, he seguido por televisión muchísimos partidos de la selección e incluso he asistido en directo al menos a un par de ellos (recuerdo ahora el España-Alemania del Mundial 82 y un encuentro contra Israel en alguna fase clasificatoria), y siempre ha habido un sector de la afición española —no sé si el más numeroso pero desde luego sí el más notorio— pitando durante la interpretación del himno del equipo rival. Me juego un café a que unos cuantos de los indignados por la bronca a la Marcha Real que podría darse el viernes han gritado, silbado, abucheado e insultado (en el estadio o delante de la tele, lo mismo en casa que en el bar) mientras sonaba el himno de los otros. Ese era mi comentario en la red social: si cada vez que la afición de España hubiera pitado un himno se hubiera suspendido el partido, no habríamos sido campeones de nada. Por otra parte, resulta divertidamente paradójico que los nacionalistas vascos y catalanes resulten tan futbolísticamente españoles en expresiones que aspiran a ser precisamente antiespañolas.

Entre los que han salido a discrepar de Aguirre, destaca Antonio Basagoiti. En unas declaraciones en Televisión Española, el líder del PP del País Vasco decía que, con el criterio de la presidenta madrileña, tendría que haberse suspendido la final de la Europa League en Bucarest porque había seguidores del Atlético de Madrid que portaban banderas preconstitucionales (para mi regocijo, Basagoiti ha usado la expresión «la bandera del pollo»). Hablando de banderas, resulta curioso que a los paladines de los símbolos nacionales no parezca importarles mucho que se planten sobre la bandera imágenes representativas de entidades privadas (el escudo del Madrid o del Atlético, el toro de Osborne…) aunque esté expresamente prohibido en el artículo 8 de la ley por la que se regula el uso de la bandera de España.

Se ha argumentado que no se puede dejar impune la pitada. No estoy seguro de que proceda hablar de impunidad en este caso. Parece que se da por hecho que silbar durante la ejecución del himno es delito. La experiencia de hace tres años más bien lo desmiente: una organización nacionalista española presentó una querella ante la Audiencia Nacional (injurias al Rey, apología del odio nacional y ultrajes a España) que acabó siendo archivada por el juez, que consideró que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito y que estaban amparados por la libertad de expresión.

Cuando un juez establece que silbar mientras suena el himno no es delito, llega la indignación: «esto solo pasa en España». Pues, como casi siempre que utilizamos esta expresión y otras semejantes, no: esto no solo pasa en España. Para empezar, la propia Aguirre ha puesto como ejemplo que Sarkozy prohibió pitar la Marsellesa en los campos de fútbol bajo la amenaza de suspender en el acto el partido; claro, lo prohibió porque estaba ocurriendo. Pero podemos irnos a un país nada sospechoso de falta de patriotismo. En Estados Unidos quemar la bandera no es delito. Hay varias sentencias del Tribunal Supremo (Texas contra Johnson y Estados Unidos contra Eichman) que declararon inconstitucionales leyes que prohibían la quema de la enseña porque consideraban que el acto de quemar la bandera está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, la que consagra la libertad de expresión. Después de estas sentencias (son de 1989 y 1990, respectivamente), se han presentado varias propuestas para introducir una enmienda que proteja la bandera, pero ninguna ha llegado a aprobarse. Es decir, hay un patriotismo mayor que el de los símbolos: el de los valores constitucionales, el que defiende las libertades y los derechos.

Por cierto, y para acabar: aupa Athletic.

Han vuelto

No son pocos los que, como el nobel Paul Krugman en un artículo reciente, creen que Europa está reproduciendo cada vez más fielmente los años treinta del siglo pasado. No solo la crisis económica se parece a la de aquella época: resultados como los obtenidos por Marine Le Pen en la primera vuelta de las presidenciales francesas añaden inquietud al futuro del continente.

Le Pen no es la única que ha lanzado mensajes ultranacionalistas en la campaña electoral. Sarkozy se descolgó un día con una propuesta para reformar el Acuerdo de Schengen de modo que se restrinja la entrada de extranjeros en los Estados de la Unión. Y tampoco es Francia el único país que transita por caminos tan vidriosos: la reciente reforma constitucional húngara y los resultados de partidos ultraderechistas como el Partido por la Libertad (tercero más votado en las elecciones holandesas de 2010 y en la coalición de gobierno hasta hace unos días) o los Auténticos Finlandeses (un 19 % en las elecciones del año pasado) son otros ejemplos —la lista es más larga— del relativo auge de grupos políticos que nos conectan, efectivamente, con los años treinta.

En España, la ministra de Sanidad, miembro de un partido al que no se le supone homologable con los citados sino fundado sobre el humanismo cristiano, ha señalado la asistencia a algunos extranjeros como una de las causas de la crítica situación del sistema público de salud. En consecuencia, a finales del verano los extranjeros sin papeles perderán su derecho a la atención sanitaria. Además de que el ahorro que se argumenta es más que discutible (los enfermos crónicos sin acceso a atención primaria recurrirán a las urgencias, a las que seguirán teniendo derecho —solo faltaba— y que son más caras) y del riesgo sanitario para la población general que acarrea la falta de control sobre ciertas enfermedades infecciosas, la obsesión por cuadrar las cuentas a cualquier precio puede tener consecuencias dramáticas.

El doctor Federico Pulido, especialista en VIH en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, lo explica con total claridad en una estremecedora carta al director que debería ser de lectura obligatoria. Al perder su tarjeta sanitaria, los extranjeros en situación irregular que él atiende dejarán de recibir su tratamiento antirretroviral. Y, muy probablemente, morirán.

La nauseabunda práctica de estigmatizar a los extranjeros responsabilizándolos de los males de la patria cruza de nuevo Europa. Sus ideólogos han vuelto. O quizá nunca llegaron a irse.