Algunas preguntas —urgentes— sobre la selectividad de este curso

[Actualizado tras la reunión de la conferencia sectorial del 28 de noviembre]

Una de mis alumnas lo calificaba hace unos días de “falta de respeto” y no parece que le falte razón. Estamos casi en diciembre. En un curso como 2º de Bachillerato, que tiene que estar despachado a mediados de mayo, es casi un tercio del año escolar. Por eso, seguir como seguimos, en todo lo relativo al proceso de acceso a la Universidad es muy difícil de aceptar y de lidiar, y, incluso después después del acuerdo de ayer, día 28, se hace imprescindible que se despejen todas las dudas.

Hay mucho que aclarar. En apenas unos meses hemos tenido un Real Decreto (en julio), una Orden Ministerial (que debe salir antes del 30 de noviembre y que cuando se redacta este texto aparece todavía como proyecto en la web del Ministerio) y, desde hace unos días, un borrador de Real Decreto-Ley del que algo vamos sabiendo por los medios y por algún comentario del ministro. El Real Decreto de julio y el proyecto de Orden Ministerial desarrollan lo fijado en la LOMCE; el borrador de Real Decreto-Ley lo desmonta. ¿Entonces? Tras la reunión de ayer de la sectorial, queda definitivamente desmontado el sistema de evaluación final de Bachillerato diseñado en la LOMCE y se vuelve al modelo de acceso a la Universidad anterior. Confiemos en que la ojalá inminente concreción del acuerdo resuelva las dudas que aún tenemos pendientes de aclarar.

Necesitamos respuestas para unas cuantas preguntas y las necesitamos con urgencia. Hay muchas más, pero estas que se enuncian a continuación —al menos las ocho primeras— son esenciales para dar un mínimo de seguridad a los alumnos que se van a jugar su admisión en la Universidad a lo largo de los próximos meses, a sus profesores y a sus familias.

  1. ¿De cuántas materias se van a examinar los alumnos? Desactivado, como parece, el despropósito de obligarles a examinarse de Filosofía de primer curso, decir que se van a examinar solo de las troncales de segundo curso resulta incompleto. Por una parte, lo de las cuatro troncales generales no parece ofrecer dudas, pero, ¿qué pasa con las de opción? ¿Solo dos? ¿Como mucho dos? ¿Al menos dos? En el modelo anterior, los alumnos se examinaban obligatoriamente de cuatro materias en la fase general y podían elegir hasta un máximo de cuatro en la específica. ¿Se va a mantener esa flexibilidad?
  2. ¿Qué pasa con la lengua extranjera? Hasta el curso pasado, si un alumno había cursado como primera lengua extranjera —pongamos por caso— inglés, podía, si quería, examinarse de otra aunque no la hubiera cursado ni siquiera como segunda lengua extranjera; se podía escoger libremente entre inglés, francés, alemán, italiano o portugués. ¿Y ahora?
  3. ¿De verdad un 40 % de la prueba de lengua extranjera va a ser oral? Después de años aparcando la evaluación de la comprensión y la expresión orales, soltar a estas alturas (en las matrices de especificación del proyecto de Orden Ministerial) que lo oral puede llegar a pesar un 40 % en la prueba de lengua extranjera suena —como casi todo en esta historia— a improvisación. Es verdad que la enseñanza de una lengua extranjera debe incluir la adquisición de estas destrezas, pero es un tipo de prueba muy específica que requiere un entrenamiento también muy específico y que lleva su tiempo. Y eso sin hablar de los recursos personales y materiales necesarios para poner en práctica la medida.
  4. ¿Se podrán examinar de materias troncales de otra opción? Hasta ahora sí podían: no era extraño, por ejemplo, que un alumno de la modalidad de Ciencias cursara como optativa Economía de la Empresa (de la modalidad de Ciencias Sociales) y se examinara de ella en la PAU. ¿Lo podrán seguir haciendo? Si se les permitiera, ¿sería a costa de una troncal de su modalidad o podrían, como preguntaba antes, examinarse de más de dos?
  5. ¿Se podrán examinar de materias no cursadas? Podían hacerlo y no solo con la lengua extranjera; un par de ejemplos: alumnos de Ciencias que se presentaban a Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o estudiantes avanzados de conservatorio que elegían examinarse de materias del Bachillerato de Artes (como Análisis Musical o Lenguaje y Práctica Musical) aunque no estuvieran matriculados en esa modalidad. ¿Podrá seguir haciéndose?
  6. ¿Qué pasa con los parámetros de ponderación utilizados para la nota de acceso? Por lo que vamos oyendo, parece lógico pensar que lo que antes se aplicaba a las materias de la fase específica ahora va a aplicarse a las troncales de opción. Pero, si es así, ¿qué ocurrirá con la cuarta troncal general, que es propia de la modalidad cursada? Hablamos, según la modalidad, de Matemáticas, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Latín y Fundamentos del Arte. ¿No se va a contar para componer la llamada nota sobre 14? ¿En serio? ¿Vamos a tardar mucho tiempo en saberlo? ¿Hay alguien trabajando ya en la actualización de esas tablas que relacionan títulos de grado con parámetros de ponderación?
  7. ¿Quién va a organizar finalmente las pruebas? Todo parecía indicar que ya no iban a ser las Universidades, sino las Administraciones educativas las que iban a organizar los exámenes. Pero la incertidumbre ya lo abarca todo. Si es verdad que ahora lo que se quiere es que el procedimiento se parezca mucho a la antigua PAU (las antiguas pesetas, la antigua Convergència, la antigua selectividad…), ¿seguirán siendo las Universidades las encargadas? El acuerdo del lunes devuelve la selectividad a la Universidad, pero nos siguen inquietando las mismas preguntas. ¿Están ya preparándose las pruebas y todo el complejísimo despliegue que lleva consigo organizarlas? Otros años a estas alturas, los profesores de 2.º de Bachillerato ya habíamos sido convocados a reuniones informativas en nuestra Universidad (hablo del distrito de Madrid). ¿Sigue existiendo la figura del coordinador de materia? ¿Quién nos va a convocar, quién nos va a informar?
  8. ¿Cuánto van a tener que seguir esperando alumnos y profesores para conocer los modelos de examen? Lo que se juegan los alumnos en estas pruebas no es cualquier cosa. Todo lo que llevamos oyendo en los últimos años (empezando por la estupidez aquella de los 350 ítems) no hace sino generar incertidumbre en el peor de los momentos: elección múltiple, semiabiertas, abiertas… pero nada definitivo, nada en lo que basarse. El año pasado, los mismos coordinadores de materia que ya nos habían reunido en el primer trimestre nos habían hecho llegar a principios de curso los modelos de examen y los criterios de corrección.
  9. ¿Hay algún abogado en la sala? El artículo 8.3 de la Constitución (está en el título preliminar, que no es precisamente cualquier sitio) garantiza la seguridad jurídica. ¿Sería imposible que, ante un mal resultado en su acceso a la Universidad, un alumno fundamentara un recurso en la ausencia prácticamente total de seguridad jurídica a lo largo de todo el proceso, desde la elección de materias al matricularse para segundo curso hasta la misma ponderación de sus resultados en las pruebas? No sé si en términos estrictamente jurídicos será aplicable; pero sí sé que, en términos académicos, la situación en la que estamos estudiantes y docentes se llama indefensión . Yo hablaba de indefensión para definir la situación en la que estamos estudiantes y docentes; es verdad que el resultado de la reunión del lunes tranquiliza algo, pero muchas de las preguntas que se planteaban aquí siguen aún sin una respuesta que necesitamos como agua no de mayo, sino de diciembre. 

Libros de texto

La brutal subida del IVA del material escolar decidida por el Gobierno y medidas de recorte como la supresión de las becas para libros de texto en algunas comunidades  —junto al anteproyecto de enésima ley orgánica educativa, las decisiones ya tomadas sobre Educación para la Ciudadanía y el incremento de tasas en las enseñanzas públicas de grado y de posgrado— están marcando el comienzo del curso 2012/2013.

Los libros de texto (cuyo IVA, por cierto, no varía) se han visto envueltos en un huracán del que están saliendo muy malparados. Y muy injustamente, en mi opinión. Por ejemplo, el viernes pasado llegó un correo de Change.org, en el que se pide la adhesión a una petición cuyo título es «Por un precio justo para los libros de texto», cosa que parece muy razonable. Lo que ya no lo parece tanto es que el encargado de lanzar los correos para propagar la petición, colocara en el asunto «El timo del libro» y se quedara tan ancho. Si uno busca atentamente en el texto de la petición de Elena Alfaro, la palabra timo no aparece en ninguna parte. Mal empezamos.

No he firmado la petición y no pienso hacerlo. La razón no está en que me haya parecido mal la estupidez de llamar timo a los libros de texto. En principio, ya está dicho líneas arriba, me parece razonable que tengan un precio justo, a quién no. No solo que tengan un precio justo, sino que se mantengan y se amplíen todo lo posible las ayudas públicas para su adquisición. Pero hay otras cosas que se proponen en la petición (y que se están oyendo y leyendo mucho estos días) que no puedo compartir.

Hay una especie de consenso universal en fomentar el intercambio y la reutilización de los libros. Pues yo disiento. Creo que todos los alumnos tienen derecho a usar libros nuevos, que pueden (y deben) subrayarlos y hacer anotaciones sobre ellos para estudiar y que no se les puede impedir que conserven, acabado el curso, los libros que quieran (como yo guardo aún aquellos libros de Lengua y de Literatura de COU que escribieron Lázaro Carreter y Vicente Tusón para Anaya).

Es perfectamente comprensible que las familias (o los propios chavales si son mayores) se organicen para hacerse con los libros a menor precio comprándolos de segunda mano o gratis mediante distintas formas de intercambio. Pero es inaceptable que eso se implante de forma oficial desde las administraciones educativas para tratar de salvar la cara tras suprimir las becas. Vivo en Madrid y es el caso que conozco: la Comunidad se carga las ayudas para libros y material escolar mientras anuncia un programa de intercambio y reutilización. Es decir, los alumnos de familias con mayores recursos económicos estudiarán con libros nuevos y los demás, no.

Gratuidad universal de libros de texto, tampoco: umbrales de renta, como para las becas de carácter general y que los que puedan pagar los libros, los paguen, y los que no, obtengan ayudas para adquirirlos. Políticas redistributivas también para esto. (El capítulo sobre la veracidad de las rentas familiares declaradas, otro día; a lo mejor la Educación para la Ciudadanía habría contribuido a ir acabando con lo de engañar al fisco y presumir de hacerlo; nunca lo sabremos).

Queda un aspecto muy importante en el que nadie parece reparar mucho (salvo los propios afectados, claro). Las editoriales, grandes y pequeñas, que se dedican al libro de texto y los empleos que generan no pueden quedar fuera de la reflexión sobre este asunto. Autores, editores, ilustradores, correctores, revisores científicos, maquetistas… ven su trabajo en peligro cada vez que este debate se abre; a unos pocos les pongo cara, nombre y apellidos. Obligar a la reutilización de libros tendría un impacto brutal sobre un sector ya bastante tocado. Por no hablar de las imprentas. Conozco no de primera mano, sino de mi propia mano, la elaboración de un libro de texto escolar; sé lo mal que se paga a muchos de los actores del proceso (con titulación superior la mayoría) y no ignoro las dificultades que las administraciones educativas añaden a su trabajo.

La solución, por tanto, no puede tener como efecto que se produzca menor cantidad de libros; no nos podemos quejar de medidas de recorte que dinamitan las posibilidades de crecimiento y de creación de empleo, y exigirlas a continuación en un sector determinado, comprometer su supervivencia, poner en peligro miles de puestos de trabajo y, por cierto, bloquear sus proyectos de desarrollo en el ámbito de las nuevas (o ya no tan nuevas) tecnologías.

A pesar de todo, feliz curso 2012/2013.

Cuarenta en clase

Los nuevos dioses tienen tanta sed de sangre como los antiguos y entre las víctimas que los mercados exigen sobre el altar del sacrificio también está la educación. Nos han anunciado que volveremos a ratios por aula propias de otras épocas.

El ministro del ramo —que por lo que me cuentan era un señor que daba mucho juego en las tertulias y lo mismo iba a vela que a vapor, es decir, que no le hacía ascos a que le pagaran en Intereconomía o en la SER— ha dicho, parece que sin sonrojo, que con más alumnos por clase mejorará su socialización. O sea, que se sigue comportando como un tertuliano de toda la vida. Sinceramente, que un ministro me parezca más o menos incompetente no me sorprende mucho: hay tradición. Sí me sorprende, en cambio, que tanta gente haya reaccionado con aquello de «pues en mi época éramos cuarenta o cuarenta y tantos en clase y aquí estamos, no pasaba nada». Que argumentos así me descoloquen no es tanto por lo estrictamente educativo, sino porque son profundamente reaccionarios. «Éramos cuarenta y tantos en clase y no pasaba nada» es muy similar a «cuando no había autovía también íbamos a Burgos» o, como bien saben mis amigos que se ganan —y se dejan— la vida en la edición, a «antes de Gutenberg también había libros».

Mucho ojo, porque el argumento que subyace es perverso. Por una parte, más alumnos por clase y más horas lectivas por profesor significa menos empleo docente (menos autovías y menos libros también es más paro); pero por otra es aún más turbio: nos están proponiendo —y lo estamos comprando— que muchos de los avances sociales, laborales, culturales y técnicos (verdaderas conquistas muchos de ellos) no son solo coyunturalmente difíciles de mantener, sino inviables o, aún peor, lujos innecesarios. Lo inquietante no es que desde el poder político (o lo que quede de él) y desde el poder financiero (o sea, el de verdad) traten de imponer un regreso al siglo XIX: lo verdaderamente sobrecogedor es que nos colguemos de su brazo para desandar el camino.