Funcionarios y autonomías

Es por lo menos chocante que sean justo los políticos al llegar al poder, es decir, cuando se convierten —al menos en teoría— en servidores del Estado, los que más desprecio muestran por los empleados públicos. Por si fuera poco, gobernantes en pleno ejercicio de sus funciones se dedican también a cuestionar las instituciones que ellos mismos ocupan.

Hace unos meses, el catedrático de Derecho Constitucional Francisco J. Bastida explicaba en un artículo publicado en La Nueva España cómo son precisamente los gobernantes los que más fomentan el desprestigio del funcionariado. ¿Cómo lo hacen? Demostrando que no se fían de ellos: cuando llegan a un puesto político relevante, prueban su absoluta falta de confianza en los funcionarios llenando las instituciones de cargos de confianza que son nombrados (y pagados) al margen de lo establecido para función pública y, las más de las veces, de lo que dictan el sentido común y la decencia. Esto de atascar de asesores las instituciones (qué vergüenza el otro día ver en el programa de Jordi Évole a Marugán diciendo que los partidos no son agencias de colocación) resulta particularmente escandaloso en tiempos de recortes. Un día, por cierto, quizá habrá que contar lo que ha hecho una política muy tuitera al llegar al puesto que hoy ocupa.

Asistimos también al espectáculo de presidentes de comunidades renegando del Estado autonómico y pidiendo poco menos que su desaparición o, al menos, su reducción a la mínima expresión. Igual que se culpa a los funcionarios del mal funcionamiento del Estado, se señala a las autonomías como una de las causas principales del déficit público. Como decía ayer Santos Juliá en El País, nadie obligó a los gobiernos de las comunidades a tener no uno sino varios canales de televisión, a servirse de las cajas de ahorros para financiar proyectos absurdos o a aprobar planes urbanísticos prácticamente criminales.

No nos engañemos (o que no traten de engañarnos): claro que hay funcionarios que hacen mal su trabajo y que hay mucho que hablar del Estado autonómico (por ejemplo, cerrarlo por fin en Estado federal), pero hay montones de empleados públicos que están extraordinariamente cualificados, que bordan su trabajo y —de esto doy fe— que le echan no muchas, sino demasiadas horas; del mismo modo, las comunidades autónomas han contribuido a acercar las instituciones a la realidad de los ciudadanos. Lo que ocurre es que funcionarios y autonomías se han convertido en el pimpampum (otro más) de los que quieren liquidar el Estado y eliminar lo público, argumentando que privatizar es devolver a la sociedad. Conmigo que no cuenten para hacerles el coro.

2 comentarios en “Funcionarios y autonomías

  1. De nuevo buen artículo.

    Los altos órganos del Estado están divididos (tanto en la administración general del Estado como en las CCAA y en las entidades locales) en altos cargos “políticos” y altos cargos “técnicos”. Si cogemos, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Competitividad, éste está dividido, tras el Ministro, en tres Secretarías de Estado, cada una de las cuales tiene bajo su ámbito de control y gobierno una serie de Direcciones Generales. A su vez el Ministro cuenta con un Gabinete y con un subsecretario, y estas secretarías a su vez tienen varias Secretarías Generes (http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/Organigrama_MINECO.pdf).

    Pues bien, según los artículos 6 y Ss de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, solo los DG y el Subsecretario han de ser funcionarios, el resto son cargos de confianza política, sin exigencias de ningún tipo. Luego un gobierno puede hacer de “agencia de colocación” en todos esos puestos (muy alarmante en los gabinetes). Y todavía hay más, y es que un Director General no tiene necesariamente por qué ser funcionario A1 (“Los nombramientos habrán de efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 10 del artículo 6 entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, salvo que el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario.”) basta con que tenga experiencia demostrada como le exige el 6.10 de la LOFAGE, algo insólito si se va al Derecho Comparado…

    Si ahora analizas el numero de directores generales que no son funcionarios, el numero de secretarios, el numero de asesores de gabinete y lo multiplicas por el numero de órganos administrativos de gobierno (tanto en en la administración central, autonómica y local) me imagino que saldrá una cifra apabullante de puestos que pueden ser usados para “colocar” a gente…

    Y a eso súmale también las empresas privadas que contratan familiares o amigos de políticos y el escándalo, en una nación con una tasa de paro del 24,4%, es mayúsculo.

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  2. Pingback: Defensa de lo público « Visión parcial

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