Algunas preguntas —urgentes— sobre la selectividad de este curso

[Actualizado tras la reunión de la conferencia sectorial del 28 de noviembre]

Una de mis alumnas lo calificaba hace unos días de “falta de respeto” y no parece que le falte razón. Estamos casi en diciembre. En un curso como 2º de Bachillerato, que tiene que estar despachado a mediados de mayo, es casi un tercio del año escolar. Por eso, seguir como seguimos, en todo lo relativo al proceso de acceso a la Universidad es muy difícil de aceptar y de lidiar, y, incluso después después del acuerdo de ayer, día 28, se hace imprescindible que se despejen todas las dudas.

Hay mucho que aclarar. En apenas unos meses hemos tenido un Real Decreto (en julio), una Orden Ministerial (que debe salir antes del 30 de noviembre y que cuando se redacta este texto aparece todavía como proyecto en la web del Ministerio) y, desde hace unos días, un borrador de Real Decreto-Ley del que algo vamos sabiendo por los medios y por algún comentario del ministro. El Real Decreto de julio y el proyecto de Orden Ministerial desarrollan lo fijado en la LOMCE; el borrador de Real Decreto-Ley lo desmonta. ¿Entonces? Tras la reunión de ayer de la sectorial, queda definitivamente desmontado el sistema de evaluación final de Bachillerato diseñado en la LOMCE y se vuelve al modelo de acceso a la Universidad anterior. Confiemos en que la ojalá inminente concreción del acuerdo resuelva las dudas que aún tenemos pendientes de aclarar.

Necesitamos respuestas para unas cuantas preguntas y las necesitamos con urgencia. Hay muchas más, pero estas que se enuncian a continuación —al menos las ocho primeras— son esenciales para dar un mínimo de seguridad a los alumnos que se van a jugar su admisión en la Universidad a lo largo de los próximos meses, a sus profesores y a sus familias.

  1. ¿De cuántas materias se van a examinar los alumnos? Desactivado, como parece, el despropósito de obligarles a examinarse de Filosofía de primer curso, decir que se van a examinar solo de las troncales de segundo curso resulta incompleto. Por una parte, lo de las cuatro troncales generales no parece ofrecer dudas, pero, ¿qué pasa con las de opción? ¿Solo dos? ¿Como mucho dos? ¿Al menos dos? En el modelo anterior, los alumnos se examinaban obligatoriamente de cuatro materias en la fase general y podían elegir hasta un máximo de cuatro en la específica. ¿Se va a mantener esa flexibilidad?
  2. ¿Qué pasa con la lengua extranjera? Hasta el curso pasado, si un alumno había cursado como primera lengua extranjera —pongamos por caso— inglés, podía, si quería, examinarse de otra aunque no la hubiera cursado ni siquiera como segunda lengua extranjera; se podía escoger libremente entre inglés, francés, alemán, italiano o portugués. ¿Y ahora?
  3. ¿De verdad un 40 % de la prueba de lengua extranjera va a ser oral? Después de años aparcando la evaluación de la comprensión y la expresión orales, soltar a estas alturas (en las matrices de especificación del proyecto de Orden Ministerial) que lo oral puede llegar a pesar un 40 % en la prueba de lengua extranjera suena —como casi todo en esta historia— a improvisación. Es verdad que la enseñanza de una lengua extranjera debe incluir la adquisición de estas destrezas, pero es un tipo de prueba muy específica que requiere un entrenamiento también muy específico y que lleva su tiempo. Y eso sin hablar de los recursos personales y materiales necesarios para poner en práctica la medida.
  4. ¿Se podrán examinar de materias troncales de otra opción? Hasta ahora sí podían: no era extraño, por ejemplo, que un alumno de la modalidad de Ciencias cursara como optativa Economía de la Empresa (de la modalidad de Ciencias Sociales) y se examinara de ella en la PAU. ¿Lo podrán seguir haciendo? Si se les permitiera, ¿sería a costa de una troncal de su modalidad o podrían, como preguntaba antes, examinarse de más de dos?
  5. ¿Se podrán examinar de materias no cursadas? Podían hacerlo y no solo con la lengua extranjera; un par de ejemplos: alumnos de Ciencias que se presentaban a Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o estudiantes avanzados de conservatorio que elegían examinarse de materias del Bachillerato de Artes (como Análisis Musical o Lenguaje y Práctica Musical) aunque no estuvieran matriculados en esa modalidad. ¿Podrá seguir haciéndose?
  6. ¿Qué pasa con los parámetros de ponderación utilizados para la nota de acceso? Por lo que vamos oyendo, parece lógico pensar que lo que antes se aplicaba a las materias de la fase específica ahora va a aplicarse a las troncales de opción. Pero, si es así, ¿qué ocurrirá con la cuarta troncal general, que es propia de la modalidad cursada? Hablamos, según la modalidad, de Matemáticas, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Latín y Fundamentos del Arte. ¿No se va a contar para componer la llamada nota sobre 14? ¿En serio? ¿Vamos a tardar mucho tiempo en saberlo? ¿Hay alguien trabajando ya en la actualización de esas tablas que relacionan títulos de grado con parámetros de ponderación?
  7. ¿Quién va a organizar finalmente las pruebas? Todo parecía indicar que ya no iban a ser las Universidades, sino las Administraciones educativas las que iban a organizar los exámenes. Pero la incertidumbre ya lo abarca todo. Si es verdad que ahora lo que se quiere es que el procedimiento se parezca mucho a la antigua PAU (las antiguas pesetas, la antigua Convergència, la antigua selectividad…), ¿seguirán siendo las Universidades las encargadas? El acuerdo del lunes devuelve la selectividad a la Universidad, pero nos siguen inquietando las mismas preguntas. ¿Están ya preparándose las pruebas y todo el complejísimo despliegue que lleva consigo organizarlas? Otros años a estas alturas, los profesores de 2.º de Bachillerato ya habíamos sido convocados a reuniones informativas en nuestra Universidad (hablo del distrito de Madrid). ¿Sigue existiendo la figura del coordinador de materia? ¿Quién nos va a convocar, quién nos va a informar?
  8. ¿Cuánto van a tener que seguir esperando alumnos y profesores para conocer los modelos de examen? Lo que se juegan los alumnos en estas pruebas no es cualquier cosa. Todo lo que llevamos oyendo en los últimos años (empezando por la estupidez aquella de los 350 ítems) no hace sino generar incertidumbre en el peor de los momentos: elección múltiple, semiabiertas, abiertas… pero nada definitivo, nada en lo que basarse. El año pasado, los mismos coordinadores de materia que ya nos habían reunido en el primer trimestre nos habían hecho llegar a principios de curso los modelos de examen y los criterios de corrección.
  9. ¿Hay algún abogado en la sala? El artículo 8.3 de la Constitución (está en el título preliminar, que no es precisamente cualquier sitio) garantiza la seguridad jurídica. ¿Sería imposible que, ante un mal resultado en su acceso a la Universidad, un alumno fundamentara un recurso en la ausencia prácticamente total de seguridad jurídica a lo largo de todo el proceso, desde la elección de materias al matricularse para segundo curso hasta la misma ponderación de sus resultados en las pruebas? No sé si en términos estrictamente jurídicos será aplicable; pero sí sé que, en términos académicos, la situación en la que estamos estudiantes y docentes se llama indefensión . Yo hablaba de indefensión para definir la situación en la que estamos estudiantes y docentes; es verdad que el resultado de la reunión del lunes tranquiliza algo, pero muchas de las preguntas que se planteaban aquí siguen aún sin una respuesta que necesitamos como agua no de mayo, sino de diciembre. 

Volvemos pronto

Cuánta razón tenían los que, cuando abrí el blog, me hablaron de constancia. Casi cuatro años sin publicar nada dan fe de su acierto y de mi pereza.

Pero me he propuesto volver.

Vuelvo-enseguida

Hasta el gorro

Cinco semanas sin publicar nada. Los arranques de curso tienen estas cosas: lo invaden todo y apenas dejan hueco para nada más. Pero no es la única razón: estamos viviendo un momento en el que parece imposible dar con el tiempo y el ritmo y el sosiego para hablar. Las urgencias nos acaloran y se tiene la sensación (yo la tengo) de que llevamos demasiados meses (¿años?) improvisando y que cada medida que se toma bajo la presión de una realidad acuciante e inmediata es un paso más en la destrucción del futuro.

«Tristeza civil» fue la expresión que Muñoz Molina utilizó en un breve artículo publicado en su web hace un par de semanas. Me la apropio: es lo que siento. Como muchos otros ciudadanos asisto casi estupefacto al espectáculo. Responsables de la sanidad pública que amenazan con sacar las mamografías de la cartera básica de servicios que presta el sistema nacional de salud; ministros de Educación y Cultura que desconocen cómo funciona el IVA, que se atreven a trazar una línea entre cultura y entretenimiento, y que montan una reforma educativa sobre la base de una interpretación de los informes PISA que los hacen parecer la Champions League; parlamentarios que tienen varias viviendas en Madrid pero que cobran dietas al estar elegidos por otra circunscripción (y alguna, como premio, es nombrada presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores); encargados de garantizar nuestros derechos fundamentales que anuncian que quieren restringirlos (ellos dicen «modular» pero todos nos entendemos); gobernantes que acaban con las becas de comedor escolar y privan a muchos niños de la única comida decente que hacían al día; tasas de estudios universitarios que se disparan e impiden a muchos estudiantes continuar con su formación (y encima no sirve para evitar el despido de montones de docentes)… La enumeración es agotadora.

Yo creo que la política es imprescindible, que los políticos son imprescindibles, que la representación legítima de la soberanía está en el Parlamento; no me convencen las campañas de trazo grueso contra «la clase política», pero nos lo están poniendo demasiado difícil. Y por si teníamos poco, el nacionalismo catalán y el nacionalismo español reaparecen con todo su dudoso esplendor.

El nacionalismo me despierta un lado categórico y convencido que hasta a mí mismo me sorprende, pues soy cada vez dueño de menos certezas. Como no quiero calentarme más de la cuenta, me voy a limitar a aportar un par de citas de artículos que se encuentran entre los que me han ayudado a componer mi opinión sobre esta rémora decimonónica trágica y folklórica (y perdón por las esdrújulas).

En primer lugar, un artículo de Javier Cercas que recurre al evangelio e identifica el nacionalismo de los otros con la paja en el ojo ajeno; la viga, en el propio: «el nacionalismo es una fantasía siniestra a la que entre otras cosas debemos las dos guerras más devastadoras de la historia, pero no se le combate con un nacionalismo contrario (o con máscaras o sucedáneos del nacionalismo), sino como a cualquier otra creencia irracional: con la razón. Y la razón sólo se empieza a tener cuando, antes de denunciar el nacionalismo ajeno, se denuncia el propio».

La segunda cita es de un artículo de Savater nada menos que de 1999, escrito justo tras la intervención de la OTAN contra la Serbia de Milošević. Los últimos párrafos (que incluyen referencias a Enzensberger y a Ignatieff) arrancan con una demoledora afirmación: «Una de las lecciones feroces de este fin de siglo es que nada empeora tanto a una persona como convencerla de que pertenece a un pueblo».

Lo siento. Las multitudes enarbolando banderas (sean senyeres estelades en Sant Jaume, rojigualdas en Colón o tricolores en Neptuno) me causan la misma náusea (y el mismo miedo), y no puedo evitar que me evoquen las siniestras concentraciones nazis de Núremberg (también imagino que lo propio es que marchen al ritmo que les marque la cabra a la que siguen). No me hacen ninguna gracia los ministros de Educación que se proponen españolizar a los niños catalanes (¿qué diablos será eso de españolizar niños?), no me gusta oír himnos nacionales (sean de segadors o chunda-chundas sin letra) convertidos en tono de llamada de móvil, me aburren hasta el cansancio los textos que nombran varias veces por línea a la nación, lo nacional, la identidad, el derecho a decidir…

Y mañana, desfile.

Libros de texto

La brutal subida del IVA del material escolar decidida por el Gobierno y medidas de recorte como la supresión de las becas para libros de texto en algunas comunidades  —junto al anteproyecto de enésima ley orgánica educativa, las decisiones ya tomadas sobre Educación para la Ciudadanía y el incremento de tasas en las enseñanzas públicas de grado y de posgrado— están marcando el comienzo del curso 2012/2013.

Los libros de texto (cuyo IVA, por cierto, no varía) se han visto envueltos en un huracán del que están saliendo muy malparados. Y muy injustamente, en mi opinión. Por ejemplo, el viernes pasado llegó un correo de Change.org, en el que se pide la adhesión a una petición cuyo título es «Por un precio justo para los libros de texto», cosa que parece muy razonable. Lo que ya no lo parece tanto es que el encargado de lanzar los correos para propagar la petición, colocara en el asunto «El timo del libro» y se quedara tan ancho. Si uno busca atentamente en el texto de la petición de Elena Alfaro, la palabra timo no aparece en ninguna parte. Mal empezamos.

No he firmado la petición y no pienso hacerlo. La razón no está en que me haya parecido mal la estupidez de llamar timo a los libros de texto. En principio, ya está dicho líneas arriba, me parece razonable que tengan un precio justo, a quién no. No solo que tengan un precio justo, sino que se mantengan y se amplíen todo lo posible las ayudas públicas para su adquisición. Pero hay otras cosas que se proponen en la petición (y que se están oyendo y leyendo mucho estos días) que no puedo compartir.

Hay una especie de consenso universal en fomentar el intercambio y la reutilización de los libros. Pues yo disiento. Creo que todos los alumnos tienen derecho a usar libros nuevos, que pueden (y deben) subrayarlos y hacer anotaciones sobre ellos para estudiar y que no se les puede impedir que conserven, acabado el curso, los libros que quieran (como yo guardo aún aquellos libros de Lengua y de Literatura de COU que escribieron Lázaro Carreter y Vicente Tusón para Anaya).

Es perfectamente comprensible que las familias (o los propios chavales si son mayores) se organicen para hacerse con los libros a menor precio comprándolos de segunda mano o gratis mediante distintas formas de intercambio. Pero es inaceptable que eso se implante de forma oficial desde las administraciones educativas para tratar de salvar la cara tras suprimir las becas. Vivo en Madrid y es el caso que conozco: la Comunidad se carga las ayudas para libros y material escolar mientras anuncia un programa de intercambio y reutilización. Es decir, los alumnos de familias con mayores recursos económicos estudiarán con libros nuevos y los demás, no.

Gratuidad universal de libros de texto, tampoco: umbrales de renta, como para las becas de carácter general y que los que puedan pagar los libros, los paguen, y los que no, obtengan ayudas para adquirirlos. Políticas redistributivas también para esto. (El capítulo sobre la veracidad de las rentas familiares declaradas, otro día; a lo mejor la Educación para la Ciudadanía habría contribuido a ir acabando con lo de engañar al fisco y presumir de hacerlo; nunca lo sabremos).

Queda un aspecto muy importante en el que nadie parece reparar mucho (salvo los propios afectados, claro). Las editoriales, grandes y pequeñas, que se dedican al libro de texto y los empleos que generan no pueden quedar fuera de la reflexión sobre este asunto. Autores, editores, ilustradores, correctores, revisores científicos, maquetistas… ven su trabajo en peligro cada vez que este debate se abre; a unos pocos les pongo cara, nombre y apellidos. Obligar a la reutilización de libros tendría un impacto brutal sobre un sector ya bastante tocado. Por no hablar de las imprentas. Conozco no de primera mano, sino de mi propia mano, la elaboración de un libro de texto escolar; sé lo mal que se paga a muchos de los actores del proceso (con titulación superior la mayoría) y no ignoro las dificultades que las administraciones educativas añaden a su trabajo.

La solución, por tanto, no puede tener como efecto que se produzca menor cantidad de libros; no nos podemos quejar de medidas de recorte que dinamitan las posibilidades de crecimiento y de creación de empleo, y exigirlas a continuación en un sector determinado, comprometer su supervivencia, poner en peligro miles de puestos de trabajo y, por cierto, bloquear sus proyectos de desarrollo en el ámbito de las nuevas (o ya no tan nuevas) tecnologías.

A pesar de todo, feliz curso 2012/2013.

Defensa de lo público

Cuando se escriben estas líneas, la situación financiera de España está al borde del abismo. Las medidas adoptadas por el Gobierno no han tenido efecto en los mercados y, si llega el rescate, todo indica que habrá que recortar más. Las líneas siguientes son una defensa de lo público frente a las agresiones que ya sufre y las que se le avecinan.

1. Defensa de los empleados públicos. A los funcionarios no solo se les ha recortado el sueldo, sino que se los ha estigmatizado. Igual que se ha hecho con los extranjeros en situación irregular al marcarlos como fuente de gasto excesivo en el sistema público de salud (y, para que la cosa quede bien nazi, prácticamente condenarlos a muerte, como recordaba el doctor Federico Pulido), los empleados públicos han sido señalados como una especie de casta de privilegiados que casi se merecen lo que les está pasando; empleo fijo —ya veremos— y unas condiciones laborales mejores que la media les han hecho ser envidiados y ya sabemos cómo es aquí la envidia: en vez de desear para nosotros sus ventajas, mejor se las quitamos y que no las tenga nadie. Es alucinante —ya lo hemos comentado en esta bitácora— ver cómo son precisamente los políticos al llegar al poder los que más hacen por desprestigiarlos y no lo es menos la facilidad con que se ignora lo duro que en muchos casos ha sido para ellos acceder a la función pública (tengo bien cerca ejemplos de funcionarios de alto nivel, que han llegado a su puesto a base de esfuerzo y talento, sin chanchullos ni enchufes de por medio, que ven con espanto cómo llegan a sacarlos literalmente del despacho políticos recién designados para colocar a su cohorte de asesores, estos sí, por puro enchufe). Los no funcionarios no debemos caer en la trampa de desear el mal a los empleados públicos, sino que deberíamos tratar de conseguir para nosotros lo que de sus condiciones laborales pudiéramos envidiarles. Vamos a no darles más alegrías a los enemigos de los derechos de los trabajadores.

2. Defensa del Estado de las autonomías. Otro viejo rival que está haciendo bien su trabajo de intoxicación es el nacionalismo. Hasta en las barras de los bares, los mismos que criticaban a Del Bosque tras los primeros partidos de la Eurocopa claman ahora contra la organización territorial del Estado (y con la misma solvencia intelectual). El mensaje ha calado: las autonomías son malas. Los nacionalistas españoles y los periféricos están encantados; unos, porque nunca creyeron en un sistema territorial descentralizado y los otros, porque siempre han creído que los únicos territorios con derecho al autogobierno eran los suyos, los del hecho diferencial. El mismo Estado autonómico de 2007, con el que nuestro PIB crecía feliz y nuestra tasa de desempleo era la más baja de la historia, ese mismo Estado autonómico, ahora es la causa de todos los males de la patria. Desde Montesquieu sabemos que conviene dividir el poder para evitar abusos; el Estado autonómico —como otras formas similares en otros países donde su carácter federal no parece ser un problema financiero— cumple esa función de fragmentar el poder y de acercarlo a la ciudadanía haciéndolo más democrático. Regionalizar el poder permite, además, aplicar el principio de subsidiariedad, es decir, que los asuntos sean resueltos por las autoridades más cercanas al objeto del problema. Con instancias de poder más próximas es más fácil que el ciudadano pueda acceder a ellas, la democracia se hace más participativa y las instituciones resultan más cercanas incluso para ser controladas. Por supuesto que el Título VIII de la Constitución necesita una profunda revisión más de treinta años después, pero defender sin más la liquidación de un sistema descentralizado como el que tenemos es, de nuevo, trabajar para el enemigo, para el que está incómodo con la participación ciudadana en las instituciones, para el que prefiere un poder monolítico y único al que sea más fácil condicionar, manipular y corromper.

3. Defensa de la política. Episodios como el de la diputada Fabra hacen muy difícil que las próximas líneas resulten convincentes. Pero hay que defender la política. Quizá de los primeros que haya que defenderla es de muchos de los políticos actuales, pero tenemos que dejar este juego absurdo de señalar la política como un mal absoluto. Ni todos los políticos son iguales, ni todas las ideologías son iguales (ni mucho menos han desaparecido). Si ingenuamente nos adherimos a esa descalificación global de la política, estaremos contribuyendo al éxito de una de las consecuencias más nocivas de la globalización: la derrota de la democracia representativa por los grandes centros de decisión financieros (lo cuenta muy bien Felipe González en la entrevista que le hace esa periodista imprescindible que es Sol Gallego-Díaz). En las últimas décadas, la autonomía de los gobiernos elegidos democráticamente es cada vez menor frente a instancias internacionales cuyos dirigentes no han sido designados por nada que se parezca a algo relacionado con la soberanía popular. Si aceptamos que la política es mala y punto, le estamos extendiendo la alfombra roja a gobiernos técnicos que aplicarán las medidas que les impongan esas instancias internacionales sin pasar por las urnas o, aún peor, haciendo lo contrario de lo que digan las urnas. Combatir a los políticos impresentables, negarles que nos representen, exigirles responsabilidades sin contentarnos con que nos pidan perdón no tiene nada que ver con deslegitimar la política: es todo lo contrario, es defender la democracia.

4. Defensa de la intervención del Estado. Jaime Alejandre lo explicaba con gran claridad en su blog hace un par de meses. El capitalismo es capaz de convertir los alimentos básicos en activos financieros, acapararlos para provocar que su precio suba, causar las consiguentes hambrunas y, de paso, culpar a los ecologistas por su obsesión con los biocombustibles. Admitamos que el sistema no sea en sí mismo criminal, sino que hay mucho criminal lucrándose con lo que el sistema le permite. Desde finales del siglo pasado, con el triunfo del neoliberalismo más duro (encarnado en Thatcher y Reagan), el control del Estado sobre la actividad económica ha ido disminuyendo, hay rankings que vinculan el progreso a la libertad económica (y que llaman libertad económica a que haya cuantos menos impuestos, mejor) y el capitalismo se ha ido deshaciendo de cualquier lastre moral. Todo vale, nadie exige cuentas, nadie supervisa. Desde la doctrina social de la Iglesia (a algunos ultraliberales de misa dominical me gustaría verlos ante la Populorum progressio de Pablo VI) hasta la Constitución de 1978, parece claro que a esto del lucro por el lucro hay que ponerle límites; incluso figuras del liberalismo como Stuart Mill («la idea de una sociedad en la que los únicos vínculos son las relaciones y los sentimientos que surgen del interés pecuniario es esencialmente repulsiva») y el propio Adam Smith sienten repugnancia ante la admiración acrítica de la riqueza. En las sociedades democráticas, ese papel para limitar y redistribuir (con su vertiente sancionadora también, por supuesto) le corresponde al Estado. Y hay que defenderlo.

No podemos consentir que las demoledoras urgencias que nos afligen sean excusa para que quienes desde hace siglos han combatido los derechos laborales, han obstaculizado el progreso hacia democracias más reales y participativas, han tratado de secuestrar al poder legítimo y han ido apartando al Estado de la regulación de la actividad económica se salgan con la suya. Fue en sus despachos donde empezó esta crisis económica, financiera y moral que nos aterroriza.

Funcionarios

Me llega por correo electrónico (gracias, Montse) un artículo de Ernesto Sierra Moralejo, funcionario del grupo A. No le conozco, es la primera vez que leo su nombre, ni siquiera sé si verdaderamente esto es suyo, pero difícilmente se puede hallar un texto que explique mejor y más precisamente lo que muchos pensamos en este momento. Conste, no soy funcionario, pero le doy la razón en lo que dice y tengo a mi lado a alguien esencial en mi vida que seguro que podría verse retratada. Las líneas siguientes no son, por tanto, del titular del blog, sino de don Ernesto Sierra, cuyas palabras secuestro para reiniciar esta Visión parcial que llevaba un mes parada.

Resulta que en la década prodigiosa del pelotazo, cuando media España se lo llevaba caliente a casa, cuando un encofrador sin estudios se embolsaba tres mil euros, cuando hasta el último garrulo montaba una constructora y en connivencia con un par de concejales se forraba sin cuento, cuando un gañán que no sabía levantar tres ladrillos a derechas se paseaba en Audi, los funcionarios aguantaban y penaban. Nadie se acordaba de ellos. Eran los parias, los que hacían números para cuadrar su hipoteca, hacer la compra en el Carrefour y llegar a fin de mes, porque un nutrido grupo de compatriotas se estaba haciendo de oro inflando el globo de la economía hasta llegar a lo que ahora hemos llegado.

Y ahora que el asunto explota y se viene abajo, la culpa del desmadre… es de los funcionarios. Los alcaldes, diputados y senadores que gobiernan la cosa pública a cambio de una buena morterada no son responsables de nada y nos apuntan directamente a nosotros: somos demasiados, hay que ultracongelarnos, somos poco productivos. Los responsables bancarios que prestaron dinero a quienes sabían que no podrían devolverlo tampoco se dan por aludidos. Todos los intermediarios inmobiliarios, especuladores, amigos de alcalde y compañeros de partida de casino de diputado provincial no tenían noticia del asunto. Nosotros sí. Como diría José Mota: ¿Ellos? No. ¿Nosotros? Sí. ¿Siendo así que ellos? No. Por tanto, ¿nosotros? Sí.

La culpa, según estos preclaros adalides de la estupidez, es del juez, abogado del Estado, inspector de hacienda, administrador civil del Estado que, en lugar de dedicarse a la especulación inmobiliaria a tocateja, ha estado cinco o seis años recluido en su habitación, pálido como un vampiro, con menos vida social que una rata de laboratorio y tanto sexo como un chotacabras, para preparar unas oposiciones monstruosas y de resultado siempre incierto, precedidas, como no podía ser de otra forma, de otros cinco arduos años de carrera; del profesor que ha sorteado destinos en pueblos que no aparecen en el mapa para meter en vereda a benjamines que hacen lo que les sale de los genitales porque sus progenitores han abdicado de sus responsabilidades; del auxiliar administrativo del Estado natural de Écija y destinado en Barcelona que con un sueldo de 1000 euros paga un alquiler mensual de 700 y soporta estoicamente que un taxista que gana 3000 le diga: joder, qué suerte, funcionario.

La culpa es nuestra. A poco que nos descuidemos, nosotros los funcionarios seremos el chivo expiatorio de toda una caterva de inútiles, vividores, mangantes, políticos semianalfabetos, altos cargos de nombramiento digital, truhanes, pícaros, periodistas ganapanes y economistas de a verlas venir que sabían perfectamente que el asunto tarde o temprano tenía que petar, pero que aprovecharon a fondo el momento al grito de mientras dure dura, y que ahora, con esa autoridad que da tener un rostro a prueba de bomba, se pasan al otro lado del río y no solo tienen recetas para arreglar lo que ellos mismos ayudaron a estropear, sino que, además, han llegado a la conclusión de que los culpables son… los funcionarios.

Soy funcionario. Y titulado superior. Funcionario de carrera por oposición ganada compitiendo en buena lid contra miles de candidatos. ¿Y saben qué? No me avergüenzo de nada. No debo nada a nadie (solo a mi familia, maestros y profesores). No tengo que pedir perdón. No me tocó la lotería. No gané el premio gordo en una tómbola. No me expropiaron una finca. No me nombraron alto cargo, director provincial ni vocal asesor por agitar un carné político que nunca he tenido.

Aprobé frente a tribunales formados por ceñudos señores a los que no conocía de nada. En buena lid: sin concejal proclive, pariente político, mano protectora ni favor de amigo. Después de muchas noches de desvelos, angustias y desvaríos y con la sola e inestimable compañía de mis santos cojones. Como tantos y tantos compañeros anónimos repartidos por toda España a los que ahora algunos mendaces quieren convertir, por arte de birli-birloque, en culpables de la crisis.

Amigos funcionarios, estamos rodeados de gente muy tonta y muy hija de puta.

PD. Si alguien, en cualquier contexto, os reprocha —como es frecuente— vuestra condición de funcionario os propongo el refinado argumento que yo utilizo en estos casos, en memoria del gran Fernando Fernán-Gómez: «váyase usted a la mierda, hombre, a la puta mierda».

Si eres funcionario, pásalo a toda España. Si no lo eres pero estás de acuerdo, también.

Problema resuelto: al fútbol

Como gracias a «lo de ayer» la situación está resuelta, me voy al fútbol. España se va al fútbol cada vez que se resuelve una situación límite. Y con éxito indiscutible.

En 2008, cuando el presidente anterior llamaba «desaceleración» al abismo en el que nos hundimos un poquito más cada día, nos fuimos al fútbol y la selección española ganó la Eurocopa; en 2010, poco después de que el Gobierno nos salvara de la intervención con la bajada de los sueldos de los empleados públicos y un recorte en gasto social que entonces nos pareció que jamás se superaría, nos fuimos al fútbol y la selección ganó el Mundial; en 2012, el Gobierno —esta vez con otro presidente, pero igual de redentor— vuelve a salvarnos de la intervención y, con la lógica habitual, nos vamos al fútbol. A pesar del empate con Italia, se da de nuevo la condición básica que garantiza el triunfo: un Gobierno mesiánico.

Somos un país afortunado. Nuestros gobernantes siempre están al quite para meter el capote y aliviarnos de las inciertas embestidas de las sucesivas crisis; bueno, y eso sin contar el capote de la virgen del Rocío, que también está muy atenta la reina de las marismas. También tenemos el mejor sistema financiero del mundo y alcadesas prodigiosas. Nuestras instituciones funcionan y no hace falta reformarlas porque nuestros partidos políticos se encargan de que estén verdaderamente al servicio de los ciudadanos. Para qué seguir. La enumeración de los méritos de la clase dirigente española sería demasiado prolija y está en la mente de todos.

Yo soy español, español, español, español. Dejémonos de desconfianzas y vámonos al fútbol, que la cosa, bien claro está, se queda en buenas manos. Yo me quiero ir a Polonia con mi chica. Y que se vengan el rey y la reina, el príncipe y la princesa, Rajoy y señora, Dívar y su escolta.

El Roto. El País, 12 de junio de 2012.

El Roto. El País, 12 de junio de 2012.